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La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la figura del outsourcing, así como la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, obstaculizó la discusión de la reforma en materia de justicia laboral, con lo que se incumplió el plazo para su aprobación, cuyo periodo venció el pasado 26 de febrero, advirtieron especialistas.
Este 1 de mayo el país llega sin la reforma en materia de justicia laboral, la cual ha quedado estancada. El periodo ordinario de sesiones está por concluir, su discusión y aprobación no se ha realizado, lo que frena la transición de este nuevo modelo, advirtieron especialistas.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que, aunque la reforma laboral no ha sido cancelada formalmente en el Senado, permanece “detenida” su discusión.
Consideró que el proyecto legislativo plantea continuar con un modelo de bajos salarios a través de la flexibilización de la figura del outsourcing, además de que propone continuar con los contratos de protección, lo que “vulnera los derechos de los trabajadores”. También indicó que estos temas complicaron la aprobación de la norma.
Calificó a la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales como una “aberración”, ya que este organismo concentrará las funciones de conciliación de conflictos, así como de registro de sindicatos, para lo cual no se cuenta con los recursos suficientes para el funcionamiento de esta área.
“El paquete que se planteó ofrece mantener el dumping en el ámbito salarial, con pagos miserables, no es equitativo ni para los trabajadores, continúa reproduciendo ese modelo de malas condiciones laborales, de bajos salarios, restando estabilidad al empleo”, aseveró.
Explicó que al incumplirse el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, las juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán operando hasta que no se apruebe la legislación en la que se establece el procedimiento de transición al nuevo modelo.
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que la reforma laboral murió y que los senadores que la propusieron no dieron los datos como deberían, lo cual generó que hiciera escándalo; enfatizó que la central obrera que encabeza continuará velando por los derechos de los obreros.
“No habrá reforma laboral que tanto se estaba cantando, murió la reforma en la materia que dos senadores nuestros, que ojalá ya no lo sean, fueron los que empujaron para que [se] hiciera escándalo, y por poco la aprueban por no haber dado los datos como deberían haber sido, ojalá ahorita ni salgan a la calle porque les va a dar vergüenza lo que les vamos a decir cada vez que los veamos”, dijo.
Polémico desde su nacimiento al ser presentado por los senadores priístas Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, e Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el proyecto considera una flexibilización de la figura del outsourcing y establecía el proceso para la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a un instituto que concentrara las funciones de conciliación de conflictos, así como de registro de sindicatos.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral, y a partir de esta fecha los legisladores tenían un año para aprobar la ley secundaria que regularía las modificaciones a la Constitución en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales. La legislación secundaria a estas reformas debió estar lista el pasado 26 de febrero.
Óscar de la Vega, abogado laboral, explicó que el tema del outsourcing, así como la renegociación del TLCAN han obstaculizado la discusión del proyecto de la ley.
Destacó que Estados Unidos y Canadá han insistido en que es necesario llevar a cabo en México una reforma laboral que garantice mejores condiciones de trabajo para los obreros, porque los bajos salarios, derivados de los contratos de protección y la ausencia de una verdadera representación sindical constituyen una competencia desleal.
El senador José María Tapia comentó que habrá un periodo extraordinario a fin de que el proyecto sea aprobado entre julio y agosto para que entre en vigor el próximo año.
