El Juez Santiago Pedraz librará una comisión rogatoria a México para que las autoridades mexicanas investiguen si es cierta la información que el ex presidente del PRI, Humberto Moreira, proporcionó en su día a la Justicia española para acreditar la legalidad de sus ingresos bancarios en España, señalaron a EL UNIVERSAL fuentes de la Audiencia Nacional.
La solicitud para que la policía mexicana inicie en fechas próximas estas averiguaciones, se produce luego de que el Magistrado español decidiera reabrir la investigación sobre el presunto lavado de dinero en el que estaría implicado Moreira, de acuerdo a nuevos datos aportados a la Fiscalía Anticorrupción por dos testigos residentes en San Antonio, Texas.
El Juez de la Audiencia nacional enviará también una comisión rogatoria a Estados Unidos para poder interrogar a estos dos testigos y recabar cualquier información que pudiera sustentar las graves acusaciones que hacen contra el político mexicano.
Pedraz archivó en 2016 la causa contra el ex Gobernador de Coahuila al no encontrar pruebas de que blanqueara a través de bancos españoles dinero procedente de actividades ilegales, por lo que el político mexicano quedó en libertad a las pocas semanas de ser detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas.
Moreira, quien estudió una maestría en Barcelona en 2013, tres años antes de que fuera capturado por la policía española, acreditó ante el Juez de la Audiencia Nacional el origen de unos 230 mil dólares transferidos a cuentas bancarias que estaban bajo sospecha.
Según declaró el político, este dinero procedía de sus retribuciones en México.
"Sin embargo, casi tres años después, han aparecido nuevas pruebas que le incriminan. Se trata de dos testimonios que de primera mano explican cómo Moreira durante su etapa como gobernador vació las arcas públicas para desviarse hasta 3.000 millones de pesos a sociedades suyas bajo el nombre de `testaferros´", apunta el diario La Vanguardia.
"El relato de los testigos de excepción muestra la corrupción en estado puro. Pago a los votantes para que apoyaran su nombramiento, desvío de fondos a empresas suyas, adjudicaciones fraudulentas, apoyo de los cárteles de la droga, connivencia con medios de comunicación y blanqueo de capitales", agrega el periódico catalán luego de resaltar la existencia de empresas fantasmas de las que Moreira se habría beneficiado, siempre según los testigos localizados por la Fiscalía Anticorrupción y los cuales dispondrían de pruebas para avalar sus acusaciones.
"Una de las empresas que menciona (el testigo) es Unipolares, precisamente la misma a través de la cual (Moreira) justificó en enero de 2016 ante el juez Santiago Pedraz que su actividad era real y por lo que se archivó el caso en España. Este testigo dice tener facturas de que el Estado de Coahuila sobrefacturó a esta empresa, un dinero por trabajos inexistentes y que sería utilizado para el uso personal de Moreira", relata La Vanguardia antes de abordar la supuesta relación del ex Mandatario con el mundo del narcotráfico.
"Una de las vías de la investigación es la posible vinculación de Moreira con los cárteles de la droga, sobre todo con los Zetas. Este testigo relata cómo los miembros de esta organización podían actuar sin problemas. Incluso, en ese tiempo el propio Moreira y el resto de su gobierno podían moverse libremente por Coahuila, sin prácticamente necesidad de seguridad".
"Para no tener problemas, los miembros del gobierno llevaban una pegatina roja en su vehículo para que las personas del crimen organizado que vieran el coche les dejaran tranquilos. El distintivo rojo venía a significar `Gobierno de la gente´", concluye el periódico español.
El Juez Pedraz busca ahora que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las indagaciones necesarias para verificar que los depósitos que Moreira transfirió a cuentas bancarias españolas se hicieron de manera legal y no derivan del narcotráfico o la corrupción.
El Magistrado se propone interrogar asimismo a los nuevos testigos de la Fiscalía Anticorrupción para sopesar su testimonio y establecer la credibilidad de las acusaciones que lanzaron contra el ex Gobernador de Coahuila.
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