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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tarda hasta cinco años para resolver los casos de responsabilidad administrativa de sus servidores públicos debido a que carece de mecanismos de control interno, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018 , la ASF indicó que como resultado de la detección de posibles conductas constitutivas de responsabilidad administrativa de los trabajadores del CJF y particulares, fueron atendidos 2 mil 316 asuntos; mil 983 quejas; 280 denuncias y 53 procedimientos disciplinarios de oficio durante 2018.
Sin embargo, de la revisión la ASF concluyó que el CJF tarda hasta cinco años para resolver este tipo de asuntos y, en su caso, sancionar a los responsables.
“Esto podría ser consecuencia de la falta de mecanismos de Control Interno que proporcionen un grado de seguridad en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, y cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables”, señaló la ASF.
En las sanciones que impuso el CJF durante 2018, la Auditoría identificó que por falta de profesionalismo, descuido en el desempeño de las funciones, acoso laboral y hostigamiento, se sancionó tanto con apercibimientos públicos o en privado, como con inhabilitaciones por meses o con la destitución del cargo, a pesar de que fueron faltas similares, sin que el Consejo justificara las causas.
A pesar de que el Consejo clasificó el tipo de conductas, la legislación aplicable y las sanciones procedentes durante 2018 e informó a la ASF sobre el número de denuncias recibidas, únicamente remitió datos sobre las de carácter administrativo y no incluyó las presentadas ante el ministerio público federal por la posible comisión de un delito.
El Consejo tampoco informó los procedimientos que realizó para resarcir los daños al patrimonio del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Hacienda Pública Federal ocasionados en tres casos de acciones disciplinarias iniciadas de oficio a servidores públicos que desviaron recursos.
“Aun cuando el Consejo clasificó el tipo de conductas, la legislación aplicable y las sanciones procedentes, y remitió un listado de denuncias durante la revisión practicada, éstas sólo refirieron las de carácter administrativo, sin incluir las presentadas, en su caso, ante el Ministerio Público Federal por estar asociadas al conocimiento de una conducta constitutiva de un delito, ni los procedimientos realizados para el resarcimiento de los daños causados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación y de la Hacienda Pública Federal, en tres casos de ese tipo con acciones disciplinarias de oficio a servidores públicos que hicieron uso de recursos para fines distintos para los que fueron asignados”, señaló la ASF.
El CJF no informó sobre la presentación de denuncias contra funcionarios que tenían archivos de fotografía y video con contenido sexual infantil y que cometieron hostigamiento sexual a quienes únicamente se les impuso sanciones administrativas mediante amonestaciones públicas o inhabilitaciones.
maf
