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El gobierno del estado de Chihuahua y el federal signaron un convenio para dirimir el conflicto por la entrega de recursos federales y la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario del PRI acusado de desviar recursos públicos.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, acompañado del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunciaron el acuerdo para que la PGR solicite la extradición del ex gobernador César Duarte, para dar celeridad al caso. Además, el gobierno federal entregará al gobierno estatal 900 millones de pesos de recursos federales.
“El gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la siguiente semana”, indicó en conferencia de prensa Alfonso Navarrete.
En tanto, el gobierno de Chihuahua declina en su intención de presentar controversia constitucional sobre el tema en cuanto se confirme la recepción de dicho recurso.
“El gobierno federal y del estado de Chihuahua manifiestan su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la Constitución establece y en beneficio de todos los habitantes de Chihuahua”.
En el caso del procesado Alejandro Gutiérrez que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, el gobierno de Chihuahua manifestó su disposición para que éste sea tras- ladado al Centro Federal de Readaptación Social número nueve, ubicado en Chihuahua. Dicho traslado se realizará previa certificación de Human Rights Watch.
La PGR dejará además sin efecto las multas que giró a la fiscalía especial de Chihuahua.
“La Procuraduría General de la República ha informado que en estricto apego a la ley, deja sin efectos las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua”, añadió.
Al finalizar y al retirarse del Salón Juárez, el gobernador afirmó que hoy, junto con los integrantes de la Caravana por la Dignidad, dará un mensaje.
Por su parte, el senador panista Roberto Gil criticó el acuerdo, al escribir en un tuit: “La insoportable fragilidad de nuestro Estado de derecho: dos gobiernos pactan, a cambio de 900 millones de pesos de presupuesto, los términos del procesamiento de causas penales, luego no nos quejemos de nuestros subdesarrollo”.
