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El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene tres años para presentar ante el Congreso de la Unión un informe sobre el avance en la cobertura del sector y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 29 de diciembre, mediante el cual se desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocida como Seguro Popular, establece que Juan Ferrer, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Insabi, tiene hasta 2022 para detallar en qué porcentaje ha aumentado la cobertura sanitaria para mexicanos que no están afiliados al IMSS, ISSSTE, o a los regímenes de Pemex y las Fuerzas Armadas.
Hasta entonces se sabrá cuántos ciudadanos sin seguridad social pudieron acceder a la prestación gratuita en el primer y segundo niveles de atención, además de recibir medicinas e insumos.
“En un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto de Salud para el Bienestar deberá presentar al Congreso de la Unión un informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos”, explica el documento publicado en el DOF.
La falta de reglas de operación del Instituto es otra situación que causa incertidumbre, puesto que el gobierno federal tiene 180 días para publicarlas, por lo que en las entidades federativas no saben cuándo les llegarán los recursos, si en esta transición habrá algún cambio o todo seguirá funcionando como con el Seguro Popular.
En cuanto a la prestación gratuita de los servicios, medicamentos e insumos, el documento establece que ésta será financiada por el gobierno federal y por las entidades federativas, además de que cada año tendrá una partida presupuestal que no puede ser inferior al ejercicio fiscal inmediato.
Para que los recursos aprobados en el PEF sean transferidos a los diferentes estados, éstos deberán aportar una cantidad implementada en acuerdos de coordinación y se prevén sanciones en caso de que no se cumpla con lo previsto.
Pero será hasta junio de 2020 cuando se publiquen las reglas de operación, que se sepa qué parámetros se seguirán.
A fin de que el dinero se utilice con transparencia y se supervise que se destine a la prestación de servicios de salud, “el gobierno, mediante la Ssa y el Insabi, en conjunto con los gobiernos estatales, deberán difundir toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero de los recursos”.
