Más Información
Comando irrumpe en vivienda de Irapuato y mata a 4 personas que preparaban una posada; es la segunda masacre en menos de 24 horas
Rentería Schazarino ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el zar de la seguridad en Sinaloa
Más de 200 niños huérfanos por el crimen organizado en Sonora, disfrutan su posada; "queremos que su Navidad sea más feliz"
Designan a nuevo Secretario de Seguridad en Sinaloa; gobernador agradece apoyo de Sheinbaum y Harfuch
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, ayer se recibió la solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
En respuesta, García Cabeza de Vaca denunció una embestida política y aseguró que se defenderá ante cualquier atropello. “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo, el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.
Anoche, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a su integrante y acusó que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del Estado de derecho.
En Twitter, los gobernadores panistas dijeron que es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia, y que ayer mismo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado respaldó al gobernador tamaulipeco y afirmó que la solicitud de desafuero es “una clara persecución política contra un opositor” y que resulta inaceptable usar una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar con fines políticos.
Ayer, en una tarjeta informativa, la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de esta solicitud de declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez, titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal, así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público (MP) federal, todos adscritos a la unidad especializada de falsificación presentaron la querella.
Se describe que hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriqueci miento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el MP integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de la Alianza Federalista, a la que pertenece García Cabeza de Vaca, han sostenido enfrentamientos en diversos temas de la política nacional como el manejo de la pandemia.
Por otro lado, fuentes federales confirmaron que el mandatario fue denunciado también por la UIF, al presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita, denuncias presentadas ante la fiscalía anticorrupción y la SEIDO de la FGR. Ante SEIDO el gobernador fue denunciado en julio de 2020 y ante la fiscalía anticorrupción en enero de 2021.
Las fuentes consultadas precisaron que esta última denuncia derivó de las investigaciones iniciadas por la UIF en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios mencionados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en un escrito presentado ante la FGR en agosto del año pasado con el que busca acceder a un criterio de oportunidad.