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El abanderado del PRD al gobierno de Baja California , Jaime Martínez Veloz, impugnó la candidatura de Jaime Bonilla por considerarlo inelegible, entre otras cosas por ser presuntamente ciudadano estadounidense , país del que fue funcionario desde 2002 hasta el 2012.
De acuerdo al recurso que se interpuso ante el Tribunal Electoral local , la Constitución del estado obliga a una residencia de 15 años en la entidad, pero Bonilla aún era hasta 2012 director de la Otay Water District –cargo que se elige en votación- con el respaldo del Partido Republicano.
Bonilla juró defender la Constitución de Estados Unidos y de California en 2004 y 2008 y actuó así aún en 2012, como diputado local por el PT, aseguró Martínez Veloz, quien ofreció conferencia de prensa en la Ciudad de México arropado por la dirigencia nacional del PRD.
Aseguró que como director de la Otay Water District, Bonilla diseñó un proyecto de abasto de agua para instalar una planta desalinizadora en territorio mexicano, en Rosarito, Baja California, para abastecer de agua a los norteamericanos y en 2012 cuando se incorpora como diputado local del PT impulsó el mismo proyecto, al plantear que las plantas desaladoras era la solución al desabasto de agua.
Aseguró que hace dos años “en acción concertada” entre Morena y el gobernador, Francisco Vega, impulsaron una Ley de Asociaciones Público Privadas y un endeudamiento para construir esa planta, y otras por 84 mil millones de pesos con un costo de operación alto para México.
Eso “nos habla de una conspiración un complot internacional, se diseña un esquema en Estados Unidos y esa persona se configura en candidato y tiene la posibilidad de ganar”, acusó el abanderado.
“El gobierno federal debe asumir una postura que defienda la soberanía del país, estamos a punto de que se concrete un proyecto transnacional producto de una conspiración fraguada desde el extranjero que se camuflageó a través de las siglas de Morena y pretende apoderarse de nuestros recursos naturales”, aseveró.
Además de todo, de acuerdo al PRD Bonilla ya rebasó el tope de gastos de campaña, que es de 23 millones de pesos y ha erogado 100 millones de pesos y ha sido señalado de haber espiado a funcionarios, políticos y miembros de consejos empresariales en Estados Unidos usando un micrófono escondido.
“Es una candidatura que huele a corrupción, a conflicto de intereses”, acusó la coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña.
Fernando Belaunzarán, dirigente del PRD, agregó que adicionalmente Bonilla quedó vetado hace 30 años y de por vida para participar en la Liga Mexicana del Pacífico ”por querer arreglar un partido de Beisbol”, por lo que no pueden acabar con la corrupción los corruptos.
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