Durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha tenido un papel más proactivo debido a las quejas que los ciudadanos interponen porque las dependencias del gobierno federal no responden satisfactoriamente sus solicitudes de datos.
Cuando una persona realiza una solicitud a una institución y no está de acuerdo con la respuesta que recibe —porque se indicó que los datos están reservados o son inexistentes, por ejemplo—, el peticionario puede interponer un recurso de revisión para que el Inai analice el asunto y, si encuentra elementos suficientes, instruya a la dependencia a hacer una búsqueda exhaustiva de los expedientes para entregar la información que se le pidió.
En este sentido, en 2018 se registraron 9 mil 231 recursos de revisión contra las respuestas que el gobierno federal dio a distintas solicitudes de información, mientras que en 2019 la cifra se incrementó a 15 mil 107 y en 2020 se registraron 13 mil 376.
Esto quiere decir que en los dos primeros años de gestión del presidente López Obrador, el Inai ha aumentado sus intervenciones hasta 63% para defender el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
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En medio de este contexto, el Titular del Ejecutivo federal ha propuesto integrar el Inai a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para “ahorrar” recursos económicos; sin embargo, especialistas en la materia consideraron que dicha acción significaría un retroceso de décadas en este tema y podría haber más opacidad.
El documento Recursos de revisión interpuestos por año según sujeto obligado del orden federal, actualizado al 3 de diciembre por el Inai, revela que en los últimos seis años ha habido un aumento gradual en esta clase de procesos; sin embargo, hubo un alza más significativa en lo que ha transcurrido de este sexenio.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución contra la que más recursos de revisión se interpusieron entre 2019 y 2020, con un total de 2 mil 801. Le siguen la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con 2 mil 272, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con mil 402.
Otras dependencias contra las que se han interpuesto más recursos son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Lotería Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud (Ssa).
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“Institución incómoda”
Fue el pasado 7 de diciembre cuando el presidente López Obrador informó que prepara una reforma administrativa para que el Inai se integre a la SFP, e inmediatamente académicos, organizaciones sociales y periodistas mostraron su rechazo ante la medida.
Para Fernando Nieto Morales, académico del Colegio de México (Colmex) e integrante del Consejo Consultivo del Inai, el verdadero objetivo del Presidente es eliminar al instituto de transparencia porque se ha convertido en un organismo incómodo a su gobierno.
“Los órganos como el Inai deben ser contrapesos ante el ejercicio arbitrario y discrecional del poder público, por eso le incomoda tanto a los gobernantes, no sólo al Presidente, y esa incomodidad es importante para los ciudadanos porque ahí está la garantía de que [los funcionarios] no pueden hacer lo que les dé la gana y deben informar la naturaleza de sus decisiones”, expresó Nieto Morales.
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El especialista advirtió sobre varias consecuencias con la posible desaparición del Inai, pero sobre todo subrayó que no habría garantía de imparcialidad, porque la SFP, que forma parte del gobierno, también intervendría en el proceso de acceso a la información. “Lo que está proponiendo el Presidente es que un mismo actor se convierta en juez y parte”, criticó.
Y también agregó: “A largo plazo esto implicaría una herida grave a la procuración de estos dos derechos [acceso a la información y protección de datos personales] e involucraría una modificación del sistema de rendición de cuentas”.
Por su parte, Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, señaló que el Presidente no puede acusar de opacidad al Inai, porque son las mismas dependencias de gobierno las que deben entregar la información y el organismo autónomo sólo interviene cuando un ciudadano no está satisfecho con lo recibido.
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La especialista explicó que otro problema en el actual sexenio ha sido la declaratoria de “inexistencia de información” para negar la respuesta a solicitudes de datos.
Según documentos del Inai a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, 2019 fue el momento en el que instituciones federales rechazaron más solicitudes alegando “inexistencia de información”; ese año lo hicieron 5 mil 681 veces.
“Más allá de desaparecer al Inai deberían fortalecerlo, por ejemplo, mejorar sus mecanismos para realmente garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, porque muchas veces las instituciones, frente a una instrucción del Inai de entregar información pública, no lo hacen”, concluyó la experta.