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El gobierno federal decidió no apelar las medidas dictadas por el Instituto Nacional Electoral ( INE ) para que los delegados estatales o “servidores de la Nación” cesen la promoción personalizada de ellos mismos, o del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que éstas quedaron firmes.
A las 9:30 de la mañana de hoy venció el plazo en el cual las autoridades podrían haber impugnado la decisión de la Comisión de Quejas del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pero no lo hicieron, por lo que cerca de 18 mil personas, entre servidores de la nación y funcionarios de otros niveles deberán acatar las órdenes ya.
Estas órdenes incluyen retirar de circulación –y no sólo dejar de usar- chalecos, gorras, mochilas, gafetes y cualquier otro implemento membretado con el nombre del presidente, además cesar en sus discursos toda alusión al mandatario o a cualquier otro servidor público.
También deberán bajar de redes sociales y páginas de internet videos y propaganda donde aparecen en entregas de programas o se ve a los funcionarios públicos realizando expresiones de promoción personalizada.
Todo esto porque desde hace más de una década el artículo 134 de la Constitución establece que está prohibido que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, y esa restricción aplica siempre, con o sin proceso electoral.
Ayer la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo informó al INE que ya comunicaron las medidas a todo el personal involucrado.
Por eso, el exdiputado perredista y consejero nacional de ese partido, Rafael Hernández Estrada, quien junto con su partido impulsó la queja, insistió en que el sol azteca supervisará no sólo que se hayan informado las medidas del INE, sino que se cumplan.
Esas dependencias ya notificaron a los servidores de la Nación, “pero eso no significa que ya se hayan cumplido con las medidas y éstas deben ser acatadas en su totalidad”, expuso.
También hoy mismo por la mañana se cumplió el plazo que tienen todos los servidores públicos para bajar de sus redes sociales las publicaciones señaladas.
Respecto a eso Hernández Estrada explicó que se trata de servidores públicos y funcionarios de alto nivel, quienes no usan sus redes sociales o páginas de internet para difundir información privada o personal, sino que dan a conocer sus actividades como funcionarios.
“No son ciudadanos comunes, algunos son funcionarios que perciben 120 mil pesos al mes como los delegados estatales y 266 coordinadores regionales perciben 73 mil pesos al mes, son altos funcionarios que tienen la responsabilidad de cumplir la ley y las restricciones que establece”, dijo.
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