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La plataforma electoral del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) olvidó incluir temas polémicos y que históricamente han confrontado sus ideologías como el aborto, matrimonios del mismo sexo, adopción y despenalización de la marihuana.
Si bien hace hincapié en el combate a la violencia contra la mujer, la niñez y personas con discapacidad, ya sea familiar, laboral, política y feminicidios, no hace mención a este sector de la población, aun cuando dos de los partidos políticos que lo integran —PRD y Movimiento Ciudadano (MC)— son defensores de los derechos de este grupo.
La plataforma será aprobada este fin de semana por los partidos.
En materia de seguridad, proponen rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación, es decir, regresar al modelo que se tenía en los gobiernos panistas.
“La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores. Por eso instrumentaremos una verdadera cruzada nacional en favor de la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos”, destaca el documento.
Señala que la nueva estrategia de seguridad privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las internacionales, entre otros puntos.
Se busca relanzar la propuesta de tener un mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad.
“Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social”, dicta el texto.
Asimismo, pretenden identificar y desarticular las redes de convivencia “entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales”, reforzando la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), castigando a quienes participen en actos de corrupción. Además de promover una reforma electoral y penal que castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales.
Plantea reglamentar los alcances de la actuación de las Fuerzas Armadas en sus tareas contra el crimen.
También buscan supervisar el tránsito de la Procuraduría General de la República (PGR) a una Fiscalía General que sea autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.
En materia de economía, proponen incrementar las aportaciones para el fondo de retiro, reducir las comisiones de las Afores, fusionar o hacer intercambiables para el derechohabiente los fondos de vivienda y pensiones. “Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los costos de la economía en general”, señala
En política exterior, sugieren redefinir la relación estratégica con EU, con un enfoque integral. Incorporar en los acuerdos de libre comercio cláusulas relativas al flujo migratorio, a derechos de los trabajadores y asuntos medioambientales.
En cuanto a corrupción, pretenden hacer obligatorio para todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión, incluidos los de los organismos autónomos, la publicación real de sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimoniales.
Además de instituir la “muerte civil” a funcionarios y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción; es decir, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.
En cada apartado se establece la conformación de observatorios ciudadanos para fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas.
