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En su última sesión del año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los magistrados electorales locales o federales sólo sean llevados a juicio político por casos de corrupción ante el Congreso de la Unión.
Según el criterio establecido por la Corte, los congresos estatales no pueden llevar a estos funcionarios a esta clase de procedimiento, que puede derivar en su destitución o inhabilitación para ocupar un cargo público.
El fallo derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida contra el sistema anticorrupción de Quintana Roo luego de que por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eliminó a estos funcionarios de la lista de servidores públicos susceptibles de ser procesados mediante juicio político por casos de corrupción.
La orden del TEPJF se fundamentó en que al someter a los magistrados electorales de Quintana Roo a un juicio político ante el Congreso local se viola la independencia judicial con la que deben actuar.
Al acatar la orden del Tribunal Electoral, legisladores del PAN impugnaron ante la Corte, que avaló la reforma publicada en julio pasado.
En consecuencia, los congresos estatales sí pueden eliminar a determinados funcionarios para que no sean sometidos a juicio político en sus sistemas locales anticorrupción.
Por mayoría de votos, el pleno decidió que el Congreso de Quintana Roo sí estaba facultado para acatar la orden del TEPJF y eliminar a los magistrados locales de la lista de servidores públicos susceptibles de ser sujetos a juicio político.
Por ello, según lo establecido en la Constitución, la única autoridad facultada para llevar a juicio político a un magistrado electoral local o federal es el Congreso de la Unión.
Esta es la segunda vez que el sistema anticorrupción de Quintana Roo es analizado por los ministros.
La primera vez correspondió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández elaborar el proyecto de resolución sobre la impugnación que hizo valer el Ejecutivo federal contra esta legislación enviada por iniciativa del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Los legisladores eliminaron las reglas del nombramiento, remoción y ratificación del fiscal general de la entidad que pretendían que el funcionario fuera a modo del titular del Ejecutivo local.
