nacion@eluniversal.com.mx
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya tres delitos derivados de la investigación por el caso Odebrecht: asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Por ello, el pasado 4 de julio un juez de Control en el Reclusorio Norte libró una orden de aprehensión que además incluye a su esposa Marielle Helene Eckes, su hermana Gilda Lozoya, así como a Nelly Maritza Aguilera Concha.
En su imputación, la FGR señaló que la esposa de Lozoya adquirió una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por la que pagó a Aguilera Concha la cantidad de un millón 900 mil dólares, producto de un soborno que supuestamente pagó el presidente de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira. El inmueble se encuentra asegurado por la FGR.
Contra la orden de aprehensión, Lozoya tramitó un juicio de amparo que fue radicado ante el juez Décimo Cuarto de Distrito en la materia, quien dio un plazo de 48 horas al juez de Control del Reclusorio Norte para que explique su determinación.
“El 4 de julio del año en curso dictó orden de aprehensión, entre otros, en contra del aquí impetrante, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de: operaciones con recursos de procedencia ilícita (...), asociación delictuosa (...) y cohecho”, indicó el juez.
“No se desprende que haya precisado lo siguiente: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa (aquí deberá expresarse, en su caso, el monto de la reparación del daño), y 2. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Por tanto, requiérase al juez (…) para que en el término de 48 [horas] aclare su informe de ley y dé cumplimiento a los puntos reseñados con antelación”.
Actualmente, Lozoya cuenta con una suspensión provisional contra esta orden de aprehensión.
Agronitrogenados. En el caso de la compra-venta de la planta Agronitrogenados, por la que Emilio Lozoya está acusado de lavado de dinero, su abogado, Javier Coello Trejo, detalló ante un juez de Amparo las fechas y motivos de los depósitos que sus empresas recibieron por parte de AHMSA para acreditar que no existió ningún soborno.
En entrevista telefónica, Coello Trejo explicó que presentó ante el juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México 14 pruebas documentales a favor de su cliente.
En el amparo en el que fueron exhibidas las documentales, Lozoya reclamó la orden de aprehensión librada en su contra en mayo pasado por un juez de Control del Reclusorio Norte por lavado de dinero.
La FGR investiga depósitos realizados por AHMSA a la empresa Luximo Wolfsburg, Poststrabe 6 GMBH, de origen suizo y de la que Emilio Lozoya es socio mayoritario, de los que sospecha que fueron sobornos para concretar la compra-venta de Agronitrogenados.
“Estos documentos son para probar que no existió tal soborno, están los contratos firmados entre las empresas de Emilio [Lozoya] en 2012 para hacer los trabajos que le solicitó Altos Hornos de México, los entregables, cómo se hicieron los trabajos, de qué se trató, los pagos, los recibos y las facturas; entonces, no hay tal ilicitud del dinero, en ese entonces Emilio no era funcionario público”, explicó.
El abogado refirió que AHMSA contrató a la empresa de Lozoya para realizar estudios técnicos y financieros, porque tenía intención de participar en la licitación para la construcción del Tren Interurbano.
Exhibió dos contratos de prestación de servicios profesionales fechados el 1 de marzo y el 25 de octubre de 2012, en los que firmaron Luis Zamudio Miechielsen, director general de AHMSA, y Lozoya.
Presentó, además, un acuerdo presidencial por el que el extitular del Poder Ejecutivo Enrique Peña Nieto se dio por enterado de la compra de Agronitrogenados.
“Según la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, en su querella, afirmaron que hubo una compra irregular de Agronitrogenados, que supuestamente era una planta chatarra; estamos acreditando que no se compró una empresa chatarra y que el Presidente de la República estaba perfectamente enterado de esa operación, por eso estoy exhibiendo el acuerdo presidencial en donde, en noviembre de 2013, Emilio Lozoya le informa al Presidente todo esto y Peña Nieto tenía pleno conocimiento de eso antes de que se le informara al Consejo de Administración”, precisó.
En el amparo, el abogado pidió citar a 10 exfuncionarios como testigos de descargo, entre los que destacan el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
El juez rechazó la petición, por lo que el abogado presentó un recurso de queja, mismo que deberá ser resuelto por un tribunal colegiado y hasta entonces el juez de amparo podrá dictar su sentencia definitiva.
En este caso, desde mayo pasado la FGR aseguró la casa de Lozoya ubicada en calle Ladera número 20, interior 11, Lomas de Bezares, Ciudad de México.
EL UNIVERSAL informó que el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez, aseguró que se trabaja para que la casa de Lozoya pase a manos de la nación y sea subastada por el gobierno federal.
Al respecto, el abogado de Lozoya recordó que el juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión definitiva en la que ordenó a la FGR no rematar la casa ni disponer de ella.
