Diputados de oposición cuestionaron de qué sirve que la Fiscalía General de la República (FGR) haya otorgado contratos a modo por más de 3 mil millones de pesos —en su mayoría a través de adjudicaciones directas—, si no se avanza en el combate al crimen ni se ve reflejado en la seguridad de los mexicanos.
Advirtieron que no por ser un órgano autónomo la fiscalía tiene manga ancha en la adquisición de servicios.
Ayer, EL UNIVERSAL reveló que el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR detectó que esa dependencia privilegió durante 2020 las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas para erogar más de 3 mil millones de pesos en adquisiciones, arrendamientos y servicios.
“Lamentablemente en todas las áreas esa es la constante, hay estudios de instituciones serias que señalan que más de 80% de los contratos de servicios o de productos son adjudicaciones directas, pero el problema que tenemos es que en los asuntos de seguridad ni siquiera tenemos claro cómo está sirviendo para efecto de disminuir los índices delictivos o en la procuración de justicia. La mayor parte en las carpetas de investigación siguen sin avanzar.
“A no ser que tengas el caso Lozoya, mediáticamente no tenemos conocimiento de que haya avance en el resto de las áreas en donde tendría que haber trabajo por parte de la fiscalía”, dijo la diputada panista Adriana Dávila.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el vocero de la bancada del PRI, Héctor Yunes Landa, lamentó que la opacidad y la discrecionalidad del gasto público ha sido la norma del gobierno de López Obrador, y subrayó que, aunque sean organismos autónomos afines a la 4T, así como gobiernos estatales de extracción morenista, han seguido su mal ejemplo.
“Lo que hoy pasa en la FGR no es más que la marca de la casa, lo que impide la competencia y detiene la economía. Está claro que en materia de adjudicaciones, para la 4T primero son los amigos, socios y compañeros de lucha”, afirmó Yunes Landa.
La diputada de MC, Martha Tagle, aseguró que este informe pone en evidencia que en la FGR no hay personas que estén atentas a la parte administrativa o con la capacidad para hacer el trabajo como corresponde.
“Es muy grave lo que se presenta en este informe, porque son conclusiones del OIC y nos llevan a poner el foco sobre lo que sucede con la FGR, porque por un lado, sin duda está la idea de que fuera un órgano autónomo y que sirviera, pero eso no les da manga ancha para hacer lo que quieran con el presupuesto, este informe revela que hay un mal uso de los recursos, no transparente y poco eficiente”, dijo Tagle Martínez.
Mostró su preocupación porque la fiscalía no dio acceso a los contratos y el análisis se tuvo que hacer con los documentos publicados en CompraNet.
