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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones en curso de la Fiscalía General de Chihuahua sobre el presunto desvío de 250 millones provenientes del erario del estado al PRI, durante el gobierno de César Duarte Jáquez en 2016.
“A partir de ahora la FEPADE está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, anunció el fiscal Héctor Marcos Díaz Santana.
En su primera conferencia de prensa, tras ser nombrado en el cargo por el Senado en diciembre pasado, no descartó la posibilidad de llamar a comparecer a los involucrados en la malversación de recursos públicos para las campañas electorales en la entidad, entre ellos la del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
“Vamos a hacer las investigaciones relativas y se va a llamar a comparecer a las personas que posiblemente estén implicadas en el asunto”, respondió al preguntarle sobre el tema.
Apegados a derecho. El funcionario prometió continuar con las investigaciones con pleno apego a derecho y de forma integral, en especial en lo relativo al posible desvío de recursos federales y estatales para apoyar al Partido Revolucionario Institucional.
Entre las razones para ejercer la facultad de atracción, el funcionario expuso que la dependencia a su cargo recibió en diciembre pasado denuncias por separado del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el presunto desvío de recursos.
Recordó que la FEPADE tiene competencia para actuar cuando se tienen apoyos ilegales hacia un partido político nacional, aun cuando los recursos sean estatales.
“La facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal, el no reportar los ingresos constituye una conducta que obstaculiza la función electoral, y la fiscalía tiene la obligación de investigar en materia penal electoral ante las denuncias que presentaron dos partidos políticos nacionales”, indicó.
Díaz Santana afirmó que el Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales en curso, que los actos de apoyo y destino de bienes públicos por parte de integrantes del gobierno de Chihuahua a favor de un partido político, son competencia de orden federal.
Facultados para atraer caso. “La atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales bajo criterios judiciales específicos; es decir, esta fiscalía tiene pleno fundamente jurídico, incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer esta investigación”, añadió el funcionario, quien estuvo acompañado por el coordinador de asesores de la oficina del fiscal, Jorge Lumbreras Castro, y el director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE, Germán Castillo Banuet.
Pidió a los partidos políticos conducirse con apego a la ley en el proceso electoral en marcha.
“El tema del financiamiento público y lícito a los partidos políticos es una demanda ciudadana y es un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la competencia política”, aseguró.
En diciembre pasado, se dio a conocer que el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, creó empresas fantasma para desviar por lo menos 250 millones de pesos a las campañas del PRI en el estado.
Por estos hechos, la Fiscalía General de ese estado detuvo en diciembre pasado a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, quien al parecer se habría encargado de operar el desvío de los recursos.
Según su declaración ministerial, Gutiérrez, identificado como operador de Beltrones Rivera, trianguló los recursos con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
