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Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un paso positivo para subsanar injusticias, pero lo ideal es derogar los tipos penales sobre los que se aplica esa ley, para evitar la criminalización en el futuro.
Entre estos tipos penales a eliminar a nivel federal y local estarían considerar delito al aborto, la posesión y transporte de narcóticos en cantidades mínimas para consumo personal o el robo simple sin violencia , ilícitos por los que se pretende amnistiar a presos federales, según la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
En Parlamento Abierto para el análisis de la Ley de Amnistía, el especialista recomendó ampliar los beneficios de esta propuesta a quienes estén presos por ejercer la libertad de expresión porque aunque ya fueron derogados los llamados delitos contra el honor, aún subsisten tipos penales que se aplican a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo propuso ampliar la amnistía a personas apresadas por tipos penales usados para reprimir derecho a la manifestación.
Pero en estos casos lo mejor sería eliminar el tipo penal, la amnistía no debería aplicarse en caso de personas a las que se ejerció acción penal por ejercer sus derechos o libertades, o a quienes sus derechos fueron violados, pues podría ser revictimizante al ser interpretado “como un reconocimiento de culpa”.
En su participación pidió considerar sus planteamientos como sugerencias, no como críticas.
En ese marco, señaló que podría haber conflictos de interés tal como está la iniciativa, puesto que ha sido la propia Fiscalía la encargada de impulsar la acción penal contra las personas potencialmente beneficiarias de la ley, y ahora no debería ser esta misma la que lleve a cabo los casos de amnistía.
“Podría haber conflictos de interés al erigir a esa institución en juez y parte al establecerla como la principal operadora de la ley", dijo.
“Además cuando se trata de personas sentenciadas no es a las autoridades de procuración de justicia sino a las autoridades judiciales a las que corresponde pronunciarse”, recordó.
En el foro, especialistas expresaron otros fallos. Por ejemplo, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María del Carmen Cendón Garduño dijo que la propuesta de ley “es totalmente inoperante y absurda” ya que agrede al debido proceso previsto en el sistema de justicia penal.
Además se utilizan de forma indistinta indulto y amnistía , y ese es un asunto de semántica jurídica que debe corregirse.
“Amnistía es una cuestión de olvido, se le olvidó al poder judicial un proceso. Indulto es un perdón por consideraciones que no son de carácter grave, pero traen una consecuencia”.
Planteo además que con la iniciativa propuesta, se vulneraría el debido proceso y ya no habría igualdad de las partes, puesto que la víctima sería hasta 4 veces victimizada y existe el riesgo de que no tengan más confianza en las instituciones judiciales, expuso.
Es mejor –dijo- voltear qué se va a hacer con un Código Penal Nacional que es lo que podría sacar de problemas como encarcelar a personas que no lo ameriten.
Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos, consideró que la propuesta es una buena declaración de principios, pero pésimamente implementada.
“Se hace cargo de las consecuencias, pero no de las causas de los problemas de las personas que pretenden ser sujetas a la amnistía”.
El país requiere de un marco de justicia constitucional que hable de una gran comisión de la verdad para que los testimonios de las personas sirvan a fin de resolver el problema de raíz., expuso.
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