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Este martes, el abogado Javier Coello Trejo anunció que dejó la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya , sin embargo, este no es el primer caso relevante en el que esto ocurre.
Coello Trejo afirmó que la separación del caso Lozoya ocurrió de común acuerdo con su ahora excliente debido a desavenencias sobre la estrategia jurídica a seguir.
Al igual que a Lozoya, exgobernadores y exfuncionarios acusados de corrupción han decidido cambiar de abogado a mitad de sus procesos penales.
En el año 2018 el abogado Marco Antonio del Toro anunció su decisión de dejar la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en el caso por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Luego de ser extraditado desde Guatemala, Duarte de Ochoa compareció a las primeras audiencias ante un juez mexicano acompañado del abogado del Toro.
En las primeras diligencias de 2017, del Toro y los fiscales de la SEIDO, entre ellos el titular de la misma, Alonso Lira Salas, sostuvieron acalorados debates para demostrar la probable responsabilidad y la inocencia de Duarte de Ochoa.
En marzo de 2018 del Toro Carazo dejó la defensa del ex mandatario estatal y pasó a manos del abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana quien para septiembre de ese año acompañó a Duarte en la petición de un procedimiento abreviado en el que el ex funcionario se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa y recibió condena de 9 años de prisión.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, también inició su defensa con la asesoría del abogado Antonio Collado quien meses después dejó el asunto en manos de Javier López.
Borge fue vinculado a proceso desde enero de 2018 y se ordenó su reclusión en un penal federal en el estado de Morelos.
Desde entonces apeló la vinculación a proceso por lavado de dinero y consiguió un amparo en el que se ordenó reponer su procedimiento.
La FGR impugnó el amparo y hasta ahora un tribunal federal en el Estado de México no ha emitido su resolución.
Otro exmandatario estatal que atravesó por esta situación fue Roberto Sandoval, quien luego de que el Congreso de Nayarit anunció el inicio de un juicio político en su contra, tramitó un amparo en el que estuvo representado por el abogado Juan Carlos Soto.
Fuentes allegadas al caso informaron que Soto dejó la defensa del ex funcionario debido a que no lograron llegar a un acuerdo relacionado con el pago de honorarios, por lo que la representación jurídica de Sandoval está ahora en manos de José Luis Nassar.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles compareció el año pasado acompañada por los despachos de Javier Hernández Barros y Oléa & Oléa Abogados quienes acusaron que la exfuncionaria es víctima de persecución política por el caso de la Estafa Maestra.
Luego de ser vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, ambos despachos afirmaron que la exsecretaria de Estado no cuenta con recursos para pagar sus honorarios por lo que dejaron el caso en manos del abogado Epigmenio Mendieta.
Actualmente, Rosario Robles permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en diversas ocasiones ha intentado, sin éxito, revertir la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de mantenerla en prisión preventiva justificada.
MAOT
