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Con la finalidad de evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el proceso electoral de este año, las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública (SFP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmaron un addendum para coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de blindaje.
Al afirmar que los comicios de 2018 serán los más complejos en la historia de México, Eviel Pérez Magaña, titular de la Sedesol, consideró que el blindaje electoral dentro de esta dependencia es un tema que se toma con seriedad, debido a que es una obligación normativa y por la cercanía que se tiene con diversos sectores de la población en todo el país.
“Estamos obligados a cuidar estos avances democráticos, de ahí la importancia de los esfuerzos que estamos realizando para que el proceso electoral de 2018 sea un proceso ejemplar, un proceso transparente y apegado a derecho”, dijo.
Ante Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado de Despacho de la PGR; Arely Gómez González, titular de la SFP; Héctor Marcos Díaz Santana, fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y, como testigo de la firma, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Eviel Pérez Magaña señaló la importancia de dicho instrumento para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos.
El acuerdo, firmado en las instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto; acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, destacó el compromiso para fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social y convocó a los ciudadanos a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de desarrollo social.
Al tomar la palabra, Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la FEPADE, aseguró que el blindaje electoral permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos públicos mantengan su ruta original, que es ofrecer bienes públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
Lorenzo Córdova Vianello consideró que el addendum “es una buena noticia para la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestra historia democrática”.
El consejero presidente del INE resaltó que las reglas del proceso democrático establecen roles diferenciados para las autoridades gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.
