Sin recursos, sin personal capacitado para operar los cambios y con riesgos presupuestales y de desaparición de documentos, el sábado entró en vigor la Ley General de Archivos , que obliga a órganos autónomos, partidos y a los tres poderes en todos niveles de gobierno a contar con un sistema de preservación y resguardo de sus acervos documentales .
La ley fue aprobada en 2018 y concebida junto con las legislaciones en materia de derecho a la información y anticorrupción , y obliga a las 32 entidades a homologar sus leyes locales en el plazo de un año.
Además incrementó las responsabilidades del Archivo General de la Nación (AGN) que, de estar vinculado a 800 acervos ahora lo está con más de 4 mil, y deberá ser cabeza del Consejo Nacional de Archivos , con el deber de atender a 12 mil sujetos obligados.
Es decir “tendrá una autonomía con mucho menos recursos”, menos plazas y recorte a su presupuesto, por lo que sólo tendrá 20% de los recursos que requiere para implementar los cambios, según dijo en el Foro sobre la Ley General de Archivos, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
Pese a ello, Morales destacó que la Ley es un avance pues se eliminaron “figuras extrañas” como los “archivos históricos confidenciales, que se eliminará el intento de hacer una purga de archivos por parte de la Secretaría de Gobernación, o bien los intentos de controlar a los archivos desde una perspectiva exclusivamente política”.
En el evento, organizado por el AGN y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ( Inai ), Morales destacó que los acervos documentales son el primer eslabón para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la preservación de la memoria histórica y para la defensa de los derechos humanos, ya que esos acervos son base del acceso a la información y “el derecho a la verdad”.
Pero el diagnóstico más reciente sobre la situación de archivos arroja una situación preocupante, reveló la académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandra Ríos Cazares, quien en 2014-2015 realizó un estudio que arrojó que de los responsables de archivos en el país el 39% dijo “no sabía cómo organizaba las cosas el 64%” o lo hacía “por cajas”.
Es decir, no hay criterios archivísticos compartidos y para las tareas de capacitación está el problema del recurso, indicó la directora General del Sistema Nacional de Archivos del AGN, Mireya Quintos. “Hay recursos raquíticos” y el AGN se autofinancia con cursos aunque la Ley le exige emprender la capacitación con estados y municipios para la preservación de sus acervos documentales.
La diputada panista Laura Rojas, integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, apuntó que un riesgo adicional de la escasez de recursos es la desaparición de archivos .
"Invertir dinero en los archivos, no es un lujo, una superficialidad, sino que los archivos son la base del acceso a la información pero además es lo que puede salvaguardar la memoria histórica del país.
Preocupa mucho, si no hay dinero para la salud pero si hay para el béisbol entonces ya me imagino donde van a quedar los archivos”.
La senadora del PAN, Kenia López, expuso a su vez que si México busca mantenerse como país garante de los derechos humanos y mejorar la democracia, “sin duda necesitamos archivos, documentación y personas capacitadas, con presupuesto”.
En el foro, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la importancia de los archivos para prevenir la simulación, la discrecionalidad y la improvisación en el gobierno, que extinguió las explicaciones sobre lo que se hacía o dejaba de hacer.
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