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Hasta el momento son 10 universidades las que podrían dejar de pagar los salarios de más de 60 mil trabajadores a partir de septiembre , alertó la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).
Se trata de las universidades autónomas de los estados de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas
las cuales, en conjunto, presentan un déficit de 5 mil millones de pesos, sin considerar sus pasivos históricos.
“ Desde el 2016 se empezaron a ver recortes, sobre todo en los fondos extraordinarios que se les otorgan a las universidades, y el incremento presupuestal nunca fue superior a los índices inflacionarios y este año se vio reflejado todavía más . Las universidades están en una situación mucho muy complicada y hay 10 universidades que a partir del mes de septiembre van a dejar de pagar salarios y prestaciones a los trabajadores”, dijo el titular de CONTU, Enrique Levet Gorospe.
Las instituciones tendrán que enfrentar esta situación sin el apoyo correspondiente a los fondos extraordinarios que el gobierno federal eliminó desde 2018 y que eran los recursos extraordinarios que cada año se destinaban para apoyar a las universidades públicas estatales (UPES) a enfrentar sus problemas estructurales.
Ante esta situación, los representantes de los sindicatos universitarios se reunieron ayer por la tarde con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, para plantear la situación “complicada y muy difícil” de las instituciones.
La CONTU adelantó que se está considerando llegar al paro nacional de trabajadores, de manera que más de 700 mil estudiantes y 60 mil trabajadores administrativos verían suspendidas sus actividades si el gobierno federal no entrega los recursos suficientes a las instituciones para que paguen la nómina y, posteriormente, asuman las obligaciones correspondientes al fin de año.
“Los compañeros están decididos de llegar hasta el paro nacional porque tenemos que ser solidarios con los compañeros que no van a recibir sus salarios. No es posible que después de haber devengado el salario, con sus obligaciones que están establecidas en el contrato colectivo y de los ordenamientos de las universidades, ahora resulta que no les van a pagar”, señaló.
“No queremos llegar a ese extremo por eso le estamos advirtiendo al gobierno en tiempo y forma, de qué es necesario que se resuelva este problema de manera definitiva”.
Las universidades que hoy enfrentan esta situación son las mismas nueve que en octubre de 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) alertó que si no se les daba una respuesta estructural, el siguiente año, es decir este 2019, continuarían teniendo el mismo problema.
En enero pasado, el gobierno federal anunció el condicionamiento de la entrega de fondos extraordinarios a las universidades públicas estatales para resolver sus problemas estructurales, a cambio de implementar medidas de austeridad y transparencia sobre el uso de los recursos que se les entreguen.
Las universidades se comprometieron a no pagar a sus trabajadores prestaciones contractuales que no estén reconocidas por la SEP, a no incrementar la plantilla administrativa ni académica ni el gasto corriente; además de recortar el gasto en representación, viáticos, telefonía celular y plantilla vehicular.
De acuerdo con lo que se hizo público a través de la página de internet sep.entransparencia.mx, las universidades recibieron en total 2 mil 309 millones de pesos de apoyos extraordinarios para pagar la nómina de noviembre y diciembre de 2018, así como aguinaldos y prestaciones de fin de año.
Levet Gorospe calificó de “leonino” el acuerdo que establecieron las universidades con la SEP; y acusó que se busca extender estas condiciones a los sindicatos.
“Ante los recortes a las instituciones de educación superior, no descartamos que algunas otras universidades públicas enfrentarán una situación similar de no tener con qué pagar a sus trabajadores”, dijo.
