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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició la verificación de la solicitud de desafuero de la presidenta del Congreso de Chihuahua, la priísta Diana Karina Velázquez Ramírez, quien está acusada de participar en el desvío de recursos del gobierno de César Duarte al PRI cuando fue dirigente estatal.
Sin embargo, el presidente de la Sección Instructora, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, informó que existe el riesgo de que no se le dé entrada a esta petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) debido a que no envió una copia certificada de la solicitud, además de que tiene tachaduras y enmendaduras.
Ramírez Nieto informó que se le dio un plazo de cinco días a la FEPADE para enmendar esto y poder iniciar el trámite.
“En torno a la solicitud de desafuero de la diputada Karina Velázquez, del Congreso local de Chihuahua, y en la cual antes de darle trámite estamos acordando requerir a la FEPADE para que nos mande una documentación completa. Viene con algunas tachaduras y enmendaduras y necesitamos una copia certificada legible para estar en condiciones de correrle traslado a la diputada y pueda ella producir una adecuada defensa, sepa perfectamente qué personas están declarando en su contra, cuál es la acusación formal que se le está haciendo. Es un derecho legítimo”, afirmó Ramírez Nieto.
Dijo que si en los próximos cinco días no se cumple con los requerimientos tal y como lo han solicitado, se le puede “dar para atrás y se desecha”.
—¿Son graves las omisiones o tachaduras?, se le preguntó.
—Sí, le impiden producir una defensa y estaríamos violando su legítimo derecho, su derecho humano y garantía constitucional a una debida defensa, al debido proceso.
Informó que se le acusa de un delito electoral, es decir, recibir algunas cantidades de dinero cuando fue dirigente estatal del PRI y el gobernador era César Horacio Duarte.
FEPADE atenderá deficiencias. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales anunció que atenderá de inmediato la petición que le hizo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para que solvente algunas “pifias” y se le pueda dar entrada a la solicitud de desafuero que inició en contra de la diputada Velázquez.
Informó que las tachaduras del expediente son debido a la protección de datos personales de algunas personas mencionadas y que no están indiciadas, motivo por el cual se protegió la información e identidad en estricto apego a la ley. Destacó que el expediente que presentó es la versión pública y no se puede proporcionar la carpeta de investigación completa como lo establece la Ley de Protección de Datos.