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Más de la mitad de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado durante los últimos 20 años todavía se están investigando, y únicamente en 22 de ellas ya se ha dictado sentencia, lo que representa apenas 2.19%.
De acuerdo con el último informe sobre el estado que guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas de la ASF, dicho organismo ha presentado un total de mil cuatro denuncias de hechos ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR).
De estas quejas, 919 están relacionadas con las cuentas públicas de 1998 a 2018, mientras que 85 —con corte al 20 de marzo de 2020— tienen que ver con la simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación; es decir, que los entes públicos fueron denunciados porque simulan devolver dinero a Hacienda pero no acreditan dicha devolución ni el gasto de esos recursos.
No obstante, 580 de éstas aún permanecen en integración y sólo 22 ya concluyeron en sentencia, aunque la auditoría superior no especificó cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias.
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Por otro lado, 12 ya fueron consignadas conforme al sistema penal anterior y 18, judicializadas conforme al sistema actual.
Cinco de esas investigaciones que ya están ante un juez federal permanecen en etapa de instrucción, mientras que en 194 denuncias el Ministerio Público federal determinó no ejercer acción penal y en 161 dictó reserva.
Entre las denuncias presentadas por la ASF se encuentran algunas de las relacionadas con la Estafa maestra en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y la de la compra irregular de Agro Nitrogenados y la rehabilitación de la planta en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En los hechos narrados por la ASF ante la Fiscalía General, se acusó que los integrantes del Consejo de Administración, entre ellos dos expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no emitieron comentario alguno sobre la compra de la planta.
Esto, pese a que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, les informó que la operación no se realizaría por la filial especializada para ello y que se requería una inversión para rehabilitarla, porque llevaba 14 años sin operar, por lo que se realizó un pacto con la empresa vendedora para que cancelara las demandas que tenía contra la petrolera por otros negocios que terminaron en conflicto.
La carpeta permanece en estado de integración y es distinta a la acusación por la que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se encuentra vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
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En el caso de la Estafa maestra, la Fiscalía General de la República ya judicializó la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por la auditoría superior, en la que señaló a diversos exfuncionarios de la administración pasada involucrados en el desvío millonario de recursos federales mediante la celebración de contratos de obra pública simulada.
Algunos funcionarios ya fueron vinculados a proceso por estos hechos; sin embargo, la única que permanece en prisión preventiva es la extitular de la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga.
En el caso contra la extitular de la Sedatu, la auditoría está reconocida como víctima y participa en todas las diligencias que se llevan a cabo.
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Fuentes federales confirmaron que la exfuncionaria ya solicitó cerrar el plazo de investigación complementaria para que la FGR formule su acusación y las partes puedan ofrecer pruebas en una audiencia intermedia. La Auditoría Superior de la Federación será notificada acerca de esto y tendrá que comparecer a dicha diligencia.
La FGR fue consultada sobre la estadística reportada por la ASF, pero al cierre de esta edición no emitió postura alguna.
