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La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó al Congreso del estado de Nuevo León a establecer ya la ruta por la que establecerán sanciones al gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez “El Bronco” y al secretario general de gobierno, Manuel González Flores, por las irregularidades cometidas en 2018.
La magistrada presidenta de la Sala, Gabriela Villafuerte Coello, emitió un acuerdo para urgir al Congreso -que ha sido señalado de desacato por no cumplir la sentencia que le ordenó imponer sanciones- a informar cuándo y cómo atenderá la resolución judicial.
“Se solicita al Congreso nos informe a la brevedad la situación respecto a la clausura de su recinto; así como el estatus del expediente legislativo 11841/LXXIV, es decir si se perfila un nuevo periodo extraordinario para su desahogo, o qué ruta se seguirá para cumplir la sentencia”, dice el documento entregado a las partes.
La Sala Superior del TEPJF confirmó el pasado miércoles el Congreso sí debe imponer sanciones al gobernador Jaime Helidoro Rodríguez Calderón “El Bronco” y el secretario de gobierno, Manuel Florentino González- quien fue gobernador interino- por emplear recursos públicos al destinar a 572 servidores públicos para la recolección de firmas ciudadanas que dieran sustento a la postulación presidencial “independiente” de Rodríguez Calderón.
Pero ese mismo 17 de junio la Secretaría de Salud estatal clausuró las instalaciones del recinto legislativo estatal “bajo el argumento de que, por protección de posibles contagios de Covid, era necesario” y la decisión se propuso, “pero no se obtuvo la votación necesaria” para fijar fecha.
Por eso el asunto fue llevado a la Sala Regional por el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, quien denunció el desacato y pidió se impongan sanciones al presidente de la mesa directiva de la Cámara local, Juan Carlos Ruiz García, y al director jurídico del Congreso “porque no dieron cumplimiento al mandato establecido” por la Sala desde el 7 de abril de 2020.
Al no individualizar e imponer las sanciones el Congreso sigue en “desacato permanente” acusó el legislador, al asegurar que el Congreso de la entidad incurre en “rebeldía lisa y llana” pues en la sesión del pasado miércoles no convocó a sesión extraordinaria para acatar la sentencia y en cambio si acordó un periodo extraordinario para avalar reformas electorales.
En su escrito el senador demandó además sanciones a los legisladores que “han votado insistentemente en contra o en abstención” del dictamen con las sanciones pues al ser una sentencia es de cumplimiento obligatorio y sólo se debe establecer la gravedad de la irregularidad y la sanción a imponer.
Eso aplicaría al menos a 18 diputados, principalmente del PAN y PT.
Dado que existía amonestación previa a los legisladores García pidió que se les sancione ahora conforme a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por lo que “ahora es necesario sancionarlos con una multa económica y/o arresto de hasta 36 horas” así como vista al ministerio público por desacato e incluso pidió “se ejercite acción penal”.
Esto porque, expuso, el Congreso está obligado por la sentencia de la Sala Regional a imponer sanciones a ambos funcionarios –el gobernador y el secretario de gobierno- independientemente de “que en el caso del gobernador, la ejecución de la sanción se debe dar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle sobre la controversia constitucional 319/2019; para el caso del secretario general de gobierno la ejecución de la sanción debe ser inmediata”.
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