El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció su facultad de atracción y fijó reglas de equidad o “cancha pareja” en las 6 elecciones locales de este año, con el llamado a todas las fuerzas políticas y gobiernos de todos los colores a apegarse a la ley.

“Apegarnos a las leyes es la mejor forma de evitar suspicacias respecto al uso de recursos públicos y una forma de disminuir las posibilidades de que se enfrenten conflictos poselectorales”, sostuvo el consejero presidente, Lorenzo Córdova .

La prohibición a usar el recurso público en campañas va para gobernantes, alcaldes, integrantes de cabildos, legisladores, advirtió.

Las reglas son con independencia de quien esté en el poder, el INE las puso cuando en el gobierno federal había otro partido, “así que esto no tiene un destinatario partidista singular sino a los gobiernos en turno, punto. Y si la ley ordena no intervenir pueden darse por aludidos pero no por incomodados”, aseveró por su parte el consejero Ciro Murayama .

Los criterios retoman prácticamente todas las prohibiciones de ley a usar recursos públicos y programas sociales con fines electorales; ejercer coacción o presión al voto; utilizar la propaganda gubernamental para beneficio personalizado de los servidores públicos, difundir propaganda no permitida durante las campañas o bien operar programas sociales sin reglas de operación, entre otras restricciones.

Aunque en elecciones locales estas normas toca fijarlas a los Organismos Públicos Locales Electorales, a solicitud de 4 consejeros el INE ejerció su facultad y atrajo la facultad para emitir esas reglas de imparcialidad para el uso de recursos públicos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla .

Pondrán lupa a programas sociales 

Particular atención mereció el uso de programas sociales. El acuerdo indica que para efectos de la materia electoral los programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas conforme a la ley “representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales”.

Así, a partir del inicio de las campañas electorales en esos estados “no podrán operarse programas federales y/o locales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales”.

Aunque tampoco podrán suspenderse, estarán prohibidas también las entregas masivas de programas sociales.

Córdova alertó que en el país operan millares de programas sociales pue pudieran ser susceptibles de un uso político en las elecciones.

Murayama recordó que los programas sociales no pueden ser ocurrencia del gobernante en turno ni en cualquier momento.

En la discusión, la oposición pidió al INE ser firme e impedir que se violen las reglas de cancha pareja.

El representante del PAN, Víctor Sondón advirtió que el ejecutivo sigue en modo de campaña electoral, amenazas de la Unidad de inteligencia Financiera de investigar a los incómodos, y el uso de la imagen del presidente en la propaganda gubernamental.

“No basta llamado a la legalidad, ya es tiempo que alguien le diga al presidente que se terminó su campaña y que hay que gobernar”.

La priísta Marcela Guerra acusó que el gobierno tiene a miles de personas en campo recabando datos por lo que demandó al INE “que esta autoridad tome cartas en este asunto, es un problema serio que se va a disfrazar de legalidad”.

El representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón pidió que se agrege a las reglas la prohibición a los gobiernos para usar el aparato de justicia para demeritar candidaturas violando el principio de presunción de inocencia y la secrecía en todo procedimiento penal.

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