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La diplomacia mexicana ha sido un constante refugio político, académico y cultural, entre otros, a través de los nombramientos políticos que el Ejecutivo federal hace para titulares de las representaciones de México en el exterior.
En entrevista con EL UNIVERSAL, los diplomáticos Carlos Rodríguez y Quezada, Agustín Gutiérrez Canet y Leonardo Ffrench reconocen la facultad presidencial de nombrar y remover embajadores y cónsules, pero piden poner límites al número de este tipo de designaciones para privilegiar al personal del servicio exterior de carrera que, sostienen, no son improvisados.
El artículo 89 de la Constitución faculta al Presidente de la República para nombrar y remover a embajadores y cónsules generales, sin que necesariamente sean miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Estos titulares llegan a esos cargos con un rango de embajador —que es el máximo en el Servicio Exterior—, y reciben un salario de acuerdo con esa categoría y con la adscripción que toque. (El salario de un diplomático adscrito en el exterior se determina según el tabulador federal, las compensaciones que se dan para el exterior, el índice de costo de vida de acuerdo con los tabuladores de la ONU y bancos suizos, el grado de dificultad de la región que toque y el grado de importancia política para México).
De 80 embajadas que México tiene adscritas por todo el mundo, 17 son ocupadas por nombramiento político; 20 de los 65 consulados generales atraviesan la misma situación; dos de las siete representaciones ante organismos internacionales y una de las tres oficinas adscritas en distintas regiones.
De esos nombramientos políticos, que además son ratificados por el Senado de la República (en el caso de embajadores y cónsules generales), varios recaen en priístas, muchos de los cuales perdieron algún proceso electoral, ex secretarios de Estado y varios personajes provenientes de la política del Estado de México.
Posiciones internacionales
En el caso de las embajadas está Dionisio Pérez-Jácome , quien encabeza la representación en Canadá, economista que trabajó como secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio del ex presidente panista Felipe Calderón; en Colombia está la priísta Blanca Alcalá, quien perdió en el proceso electoral por la gubernatura de Puebla.
En Costa Rica se encuentra el también priísta y poblano Melquiades Morales; en Cuba también un cuadro tricolor, Enrique Martínez y Martínez; en El Salvador está otro priísta de Hidalgo, Orlando Arvizu Lara.
La representación de México en Estados Unidos es encabezada por Gerónimo Gutiérrez, quien no es miembro del Servicio Exterior Mexicano, pero que trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox, también panista.
En Italia está el ex secretario del Medio Ambiente Juan José Guerra Abud; en Países Bajos, el ex ministro Edgar Elías Azar; en Paraguay, el ex gobernador de Campeche y priísta Fernando Ortega Bernés; en Suecia, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Agustín Gasca Pliego; en Suiza, el ex candidato del PRI al gobierno de Baja California (mismo que perdió) Fernando Castro Trenti, y en Uruguay, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, entre otros.
Algunos consulados también ocupados por políticos, como Celso Humberto Delgado, en Boise, Estados Unidos; Carlos Flores Vizcarra, en Caléxico, EU; Carlos Jiménez Macías, en Chicago; Marcos Bucio Mújica, en El Paso, y Óscar Rodríguez Cabrera, en Houston.
Ex funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encuentran también en Estados Unidos, como es el caso de Diego Gómez Pickering, ubicado en Nueva York, y Gemi José González López, en San Francisco.
Incluso el cónsul de México en Presidio, California, Sergio Francisco Salinas Meza, estuvo en la Secretaría de Turismo y en la Procuraduría General de la República (PGR), de donde obtuvo una suspensión impuesta por negligencia administrativa; también estuvo en Cofetel.
En Milán continúa la ex procuradora de la PGR Marisela Morales.
En la misión de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está al frente Mónica Aspe, ex funcionaria del gobierno de Peña Nieto, hija de Pedro Aspe, funcionario público durante el sexenio del entonces presidente priísta Carlos Salinas. Y en la Oficina de México en Estrasburgo se encuentra Santiago Oñate Laborde, del tricolor.
La justificación
El SEM cuenta actualmente con cerca de mil 300 diplomáticos de carrera, los cuales están distribuidos en representaciones de México en el Exterior, en oficinas centrales en la capital del país, delegaciones en el interior del país o en espera de que se les asigne alguna comisión.
La diplomacia mexicana está consciente de que el Ejecutivo federal tiene la facultad de hacer los nombramientos políticos que desee; sin embargo, consideran que es necesario mirar más al Servicio Exterior.
El embajador en retiro y presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), Carlos Rodríguez y Quezada, señala que esta organización creada para la defensa de los diplomáticos, reconoce la facultad presidencial, pero siempre estará a favor de que se privilegie el servicio civil de carrera.
“En la ley del SEM se considera el contrato anual del personal que no forma parte de la carrera. Su número es elevado y afecta el desarrollo y ascensos del personal de carrera.
“Nosotros preferimos, en todos los casos, la profesionalización del personal de carrera, el aumento de plazas de carrera”, comenta el diplomático.
Por su parte, el también embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet considera que en algunos casos se justifica el nombramiento político; sin embargo, añadió, en los últimos sexenios ha habido excesos como lo que ocurre en los consulados de México en Estados Unidos.
“Un nombramiento político se justifica por tres razones fundamentales: la confianza del Presidente hacia el designado, el prestigio del nombrado y el perfil profesional para el lugar de destino. No debería haber nombramientos para pagar favores”, menciona.
Gutiérrez Canet propuso que se limite al Presidente para que 20% de las designaciones de embajadores y cónsules generales recaigan en designaciones.
“Me parece que es un buen equilibrio para las atribuciones del Presidente de hacer nombramientos políticos y de diplomáticos de carrera. Y ningún político debe haber, en el caso de los consulados de carrera, que no requieren la ratificación del Senado, como fue en su momento el consulado de México en Barcelona, que fue degradado a consulado general para que pudiera llegar el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera sin pasar por la Cámara Alta”, dice.
Añade que los nombramientos políticos no deben tener los mismos beneficios que el Servicio Exterior. “Quisiera insistir en que la carrera diplomática requiere especialización y conocimientos. Muchos académicos y políticos consideran que es fácil transitar a la diplomacia. Sin duda, algunos se desempeñan bien, pero la mayoría no están preparados y, si desempeñan bien sus funciones, es gracias al apoyo del personal de carrera que está detrás, entrenado y disciplinado para apoyar al titular de las misiones, embajadas y consulados. Rechazo la idea de que es muy fácil ser diplomático. No a los improvisados”, exclama.
El embajador jubilado Leonardo Ffrench coincide en que 20% de las designaciones a embajadas y consulados pueda ser ocupado por designaciones.
“El tema es que esos nombramientos políticos luego llegan a las principales representaciones o las más glamurosas: Washington, París y Tokio, entre otras. Además, los titulares que son políticos, normalmente se hacen acompañar de su gente que colocan en sitios en los que desplazan al Servicio Exterior”, resalta.
Reconoce que han existido designaciones políticas que han puesto en alto el nombre de México, pero son los menos. “Se reconoce a los que contribuyen”, indica, “pero molesta cuando llegan aquellos que esperan solamente el salario y no tienen idea de la cultura mexicana”.
Vanessa Rubio, actual senadora del PRI y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, expone la necesidad de que exista un equilibrio entre el profesionalismo del servicio civil de carrera que existe en Relaciones Exteriores y el de los nombramientos.
Asegura que durante los tres años que estuvo en la Cancillería, al lado del entonces secretario de la SRE José Antonio Meade se privilegiaron las designaciones para el personal diplomático de carrera.
“Aquí nos tocará esperar, mucho es lo que se ha planteado, lo que se dice en medios, lo que distintos actores han planteado, pero ya es distinto cuando te presentan aquí a un embajador para su ratificación o cónsul general y, desde luego, sí creo que lo que más necesitamos hacer en México es fortalecer la institucionalidad y fortalecer nuestros grandes servicios públicos del país, para eso hemos invertido tanto”, destaca.
