El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, insiste en evitar que el gobierno de dicha entidad ejecute una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada de 13 personas.
De acuerdo con el expediente de amparo 588/2018, en el que el ex mandatario pidió la protección de la justicia federal contra la solicitud de adherir dicho delito a su orden de extradición, el juez le negó la suspensión definitiva.
Ante esta decisión, Duarte de Ochoa promovió un recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado el que defina si es posible o no continuar el trámite para que el gobierno mexicano solicite al de Guatemala analizar si es factible aprehender al ex gobernador por desaparición forzada .
Desde junio pasado, un juez de Veracruz concedió la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía estatal por la probable participación de Duarte en el homicidio y ocultamiento de 13 cadáveres, hechos por los que tres ex funcionarios de su administración permanecen detenidos.
A Duarte de Ochoa se le vincula con estos hechos debido a que en enero de 2016 fueron ubicados los restos de al menos 19 personas en la zona conocida como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
De acuerdo con la fiscalía de Veracruz, por instrucciones del ex director general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquia, actualmente detenidos; solamente se reportó el hallazgo de seis cuerpos.
Por esto también fue detenido y actualmente está vinculado a proceso el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita.
De los 13 cuerpos restantes, que constituyen la acusación del ministerio público local contra Duarte, uno fue llevado a la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde según las pesquisas, se realizó una simulación de su hallazgo a pesar de que ya había sido previamente identificado como David Lara Cruz, elemento de la SSP estatal quien desapareció el 12 de enero de 2016 luego de haber sido privado de su libertad por sus propios compañeros.
Los otros 12 cuerpos no fueron reportados oficialmente y actualmente se desconoce su identidad y ubicación.
De acuerdo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares , la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha solicitado al gobierno de Guatemala la autorización para ejecutar la orden de detención.
Esto, debido a que Duarte de Ochoa fue extraditado por dicho país en julio de 2017 y de acuerdo con las normas internacionales, los gobiernos no pueden fincar nuevos delitos a los extraditados sin previa autorización de quien los entregó.
Si el gobierno de Guatemala autoriza la ejecución de la orden de aprehensión , este sería el único delito grave que enfrentaría Duarte de Ochoa pues la semana pasada, la PGR decidió no acusarlo de delincuencia organizada , delito por el que se contemplan penas de 20 a 40 años de prisión, y reconfigurarlo a asociación delictuosa, en el que se prevé una pena de cinco a 10 años de cárcel.
La PGR afirmó que tomó esta decisión debido a que no cuenta con elementos suficientes de prueba para acreditar una acusación por delincuencia organizada .
mpb
