Las denuncias por desvío de recursos públicos para apoyar a un candidato o partido político , se redujeron en un 70% en el pasado proceso electoral, destacó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.
El fiscal atribuyó la disminución a la estrategia de blindaje electoral implementada por la Fepade, la cual, dijo, sensibilizó a los gobernadores de las entidades federativas de que era importante generar condiciones de equidad política.
“Creo que fue una decisión de política pública efectiva porque la muestra es que disminuyeron el número de delitos”, indicó después de participar en el foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Proceso Electoral 2017-2018 .
Díaz Santana dijo que de septiembre de 2017 a la conclusión de los comicios de 2018, la Fiscalía Especializada recibió 2 mil 500 denuncias por la comisión de diversos delitos electorales , que “comparándolo con el año 2012 es un parámetro prácticamente igual”.
Indicó que trabajan para resolver las denuncias , algunas de las cuales se pueden solucionar de manera rápida y otras requieren tiempo por la materia de la investigación. “Nosotros judicializamos un promedio de 120 asuntos por año”, afirmó.
Por otro lado, Díaz Santana pidió a la próxima legislatura federal tipificar la violencia política contra las mujeres como delito penal en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Al respecto, señaló que la Fepade ha trabajado en conjunto con organizaciones sociales, universidades, senadoras y diputadas para que a partir de septiembre los nuevos legisladores ajusten el tipo penal en la ley y el fenómeno pueda atenderse en los procesos electorales siguientes.
“En la Fepade conocemos que la violencia política es una realidad que afecta a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, pero esencialmente en su condición de libertad y dignidad.
“Este problema ha crecido y se ha abordado a profundidad desde el año 2014 por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, Instituto Nacional de las Mujeres y la Fepade”, indicó.
Comentó que en el pasado proceso electoral recibieron 40 denuncias por agresiones verbales contras aspirantes en las redes sociales. “A pesar de que no existe ese tipo penal, las personas que presentaron su denuncia todas ellas fueron atendidas a algunas de ellas las apoyamos para gestionar las medidas de protección”, comentó.
Expuso que la violencia política contra las mujeres se registró con “mayor intensidad” en la Ciudad de México y el Estado de México, entidades que registran la mayoría de las denuncias por presuntos delitos electorales.
“Lo que estamos haciendo nosotros es: integramos carpetas de investigación aunque no existe el tipo penal buscamos que los 200 tipos penales que existen en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sobre todo en temas que no permitieron el voto libre y secreto, afectaran en los parámetros normales de la elección, entonces estamos viendo si ajustamos el tipo penal para poder hacer algún tema de judicialización”, comentó.
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