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La crisis por la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados se profundizó ayer y a unas horas de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, existe el riesgo de concluir sin nombrar al nuevo auditor Superior de la Federación, no entregar la Medalla Eduardo Neri, no avalar más de 20 dictámenes que hay en cartera y no ratificar los cambios que le haga el Senado a la Ley de Seguridad Interior.
Ayer, diputados que integran la coalición Por México al Frente, PAN, PRD y MC, así como Morena y PES, abandonaron el salón de plenos para reventar la sesión y no avalar el dictamen que impulsó el PRI para que el próximo 1 de julio, día de la elección federal, se lleve a cabo una consulta popular para definir si la sociedad quiere un mando policial mixto o único en sus entidades.
El debate de este dictamen fue intenso desde el inicio, hubo acusaciones de que esta consulta popular se utilizaría con fines electorales, que es inconstitucional y también hubo reproches entre el PRI y el PAN por las estrategias de seguridad.
“Nosotros lo que queremos es lo que nos ha negado el PRI desde que empezó esta 63 Legislatura, que es una reforma verdadera, sin simulaciones, sin máscaras. Y no nos vamos de aquí sin decirles: su modelo fracasó. Si no hubiera fracasado no estarían cediendo a una consulta popular que saben que no sirve para nada”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos.
En respuesta, el priísta Carlos Iriarte dijo que la condición de seguridad es por deficiencias que se construyeron en administraciones durante 12 años que no fueron atendidas con oportunidad y mucho menos con inteligencia. Se definió que el dictamen estaba suficientemente discutido y se sometía a votación, cuando PAN, PRD, MC, Morena y PES comenzaron a abandonar el salón de plenos con el objetivo de no dar los votos para cumplir con el quórum requerido y evitar su aprobación.
Jorge Ramos advirtió que no permitirán, bajo ninguna circunstancia, que se apruebe el dictamen porque es un atropello, además de que la calificó como inconstitucional, porque no se pueden hacer consultas populares sobre temas de seguridad interior.