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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Comunicación Social, la cual regulará el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.
Con 205 votos a favor y 168 en contra, avalaron la ley que los dividió tanto en el pleno como en comisiones, y se envió al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Antes del inicio de la sesión, en entrevista el vicecoordinador del PRI, Armando Luna Canales, adelantó que “de ser necesario”, usaría el tricolor su mayoría en el pleno para avalar la ley.
Afuera del recinto legislativo se paseó una persona disfrazada de “chayote”, en referencia a cómo nombraron a la ley en las redes sociales algunas organizaciones.
En Twitter se creó el hashtag #LeyChayote, con el que activistas y defensores de la libertad de expresión acusaron que la legislación, lejos de regular el gasto gubernamental, impone una censura previa a las publicaciones y dichos de los medios informativos.
“Se compran portadas, columnas, líneas editoriales, entrevistas…”, se escuchaba desde el altavoz de un auto a las afueras de la cámara.
También en redes sociales, el diputado del PAN Jorge Triana compartió una fotografía con su voto en contra. “Aquí mi voto en contra de la mal llamada Ley General de Comunicación Social, 40 mil millones de pesos gastados en publicidad por el gobierno este sexenio, y seguimos sin ponerles límites al derroche y a los excesos”, escribió.
Al inicio de la discusión, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena presentaron una moción suspensiva cada uno para no votar en el pleno dicha normativa jurídica, pero fueron desechadas.
Tras la votación, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Virgilio Caballero, presentó una reserva que fue rechazada en mayoría económica, al igual que la propuesta de reforma presentada por Movimiento Ciudadano.
En mayoría económica, se aprobaron las modificaciones que presentaron Ricardo David García Portilla (PRI) y Macedonio Tamez Guajardo (MC), y finalmente el documento fue avalado en lo partiicular por 196 votos a favor, 146 en contra y cero abstenciones.
La minuta deberá tener una resolución antes del 30 de abril, por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual urgió a los diputados y senadores a normar en la materia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijo estar preocupada pues no cumple con los estándares internacionales y mantiene el manejo discrecional de los recursos destinados para esta materia.
