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Con el voto en contra de PAN, PRI, y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley Federal de Austeridad Republicana, que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada durante los siguientes 10 años tras dejar su cargo, para evitar conflictos de intereses.

La minuta —que alcanzó 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención— fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación, pero fue criticada por legisladores del PRI y del PAN, quienes acusaron errores en el procedimiento, pues se hizo una adenda o modificación en el artículo 13; sin embargo, los legisladores de oposición acusaron que eso era imposible, pues el Senado no había modificado ese precepto.

A pesar de ello, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, explicó: “Originalmente el dictamen que salió de esta Cámara, en el artículo 13 decía la palabra duplicidad. El Senado de la República hace la modificación de este artículo 13 para corregir la palabra duplicidad y la intercambia por duplicadas. Entonces, sí se hizo la modificación en la minuta. Regresa y la comisión vuelve a poner en el dictamen la palabra duplicidad”.

Contenido. Los diputados aceptaron las modificaciones hechas por los senadores. El artículo 24 precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no pueden trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción, incluso esta disposición la criticaron Tatiana Clouthier y Lorena Villavicencio, de Morena, quienes lo consideraron como un “abuso”.

Otro de los artículos polémicos de esta ley está en el 61, pues la oposición acusó que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá “una partida secreta”, pues los ahorros de este ordenamiento se destinarán a los programas sociales o a donde determine el Presidente.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”, define el artículo 61.

Bonos. Este dictamen define que los funcionarios públicos no tendrán bonos especiales ni podrán hacer fiestas en sus oficinas, así como tampoco acudir en estado de ebriedad, ni ingerir bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo. También eliminaron las pensiones para los expresidentes y se prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, de vida o pensiones contrarias a la seguridad social que otorga el Estado.

Escoltas. La norma restringue a casos estrictamente necesarios el uso de escoltas y elementos de seguridad. Aunado a ello, se tipifica como “peculado” el disponer de servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal.

Debate. “A escasos 10 meses de la actual administración, la política de austericidio adoptada ha sido un factor importante en el colapso de nuestra economía. Hemos pasado de crecimientos de arriba del 2%, a una proyección de crecimiento apenas de 0.4%. Hoy estamos discutiendo otro instrumento de esta errónea política, que además viola derechos humanos y laborales de los servidores públicos, sin dejar de mencionar que carece de sentido”, dijo el perredista Antonio Ortega.

En tanto, el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo (PRI), dijo: “Lo único bueno de esta ley es su nombre (…) Esta ley atenta contra los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, porque ahora no podrán trabajar por 10 años en empresas que hayan supervisado, regulado, siempre y cuando hayan tenido información privilegiada. Esto va en contra de lo que establece nuestra Carta Magna”.

Asimismo, el panista Ricardo Flores dijo: “Estamos a favor de la Ley Federal de Austeridad Republicana; sin embargo, la minuta que ahora nos manda la Cámara de Senadores para su aprobación rompe con los postulados de ustedes, de la autodenominada Cuarta T. El primero: No mentir. (...) No sean abusivos, no se excedan”.

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