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Con críticas de que este dictamen es una ley de Enrique Peña Nieto disfrazada y de que habrá un auge de escuelas patito, el pleno de la Cámara de Diputados avaló —en sus términos— la minuta con la que se expide la Ley General de Educación Superior y con la que se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y fue enviada al Jefe del Ejecutivo para su publicación.
Este dictamen alcanzó 400 votos a favor de Morena, PAN, PRI, PES, PRD y MC; 47 en contra de algunos diputados de Morena y del PT, así como dos abstenciones.
Esta minuta es para expedir una ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución y establece la gratuidad de la educación de nivel universitario, de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto; el respeto a la autonomía de las instituciones que ya la tengan y la necesidad de consultar a sus comunidades para hacer cambios en sus legislaciones, e incorporar a las escuelas normales rurales a este nivel educativo.
También se incluyó un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y la obligación de que las instituciones privadas otorguen becas al menos a 5% de los estudiantes matriculados.
Con la expedición de esta norma se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, expedida en 1978; se establece la regulación legal de tres subsistemas: universidades, institutos tecnológicos politécnicos, y las escuelas de formación de maestros, las normales y las normales rurales. Además, se reivindica la rectoría del Estado en materia educativa, porque la enseñanza superior será considerada un bien público.
Este dictamen presentó la oposición del PT porque se imponen evaluaciones a los docentes: “Para el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en un plazo no mayor de 120 días de la instalación del Consejo Nacional, realizarán una convocatoria amplia a las instituciones de educación superior, a las instancias de evaluación y acreditación de la educación superior, personal académico, especialistas y los sectores interesados para contribuir a su diseño”.
En el artículo decimotercero transitorio agrega que se integrará un comité técnico para procesar las aportaciones que se realicen en el marco de la referida convocatoria y ese sistema deberá presentarse a más tardar en 2021.
Además, permite a las instituciones públicas de educación superior establecer mecanismos para recibir donativos, los cuales permitan disponer de recursos para fortalecer su desempeño.
