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El pleno de la Cámara de Diputados avaló la creación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en la se eliminó la intención de que los burócratas trabajen de lunes a sábado; sin embargo, los servidores públicos ya no tendrán bonos especiales, no podrán hacer fiestas en sus oficinas, acudir en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en horarios y centros de trabajo.
En ese dictamen, que ya fue enviado al Senado, se eliminaron las pensiones para expresidentes. También se prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, de vida o de pensiones contrarias a la seguridad social que otorga el Estado.
A ese dictamen se le hizo una adenda de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, en la que se restituyó que no solamente los secretarios de Estado, sino también los subsecretarios y los titulares de entidades de control, puedan utilizar choferes.
Establece que si un funcionario público desea trabajar en una empresa del mismo ramo en el que estuvo en el gobierno, tiene que dejar pasar cinco años, y los ahorros que se generen por esta ley tendrán que destinarse al Plan Nacional de Desarrollo.
Uno de los puntos más polémicos de ese nuevo ordenamiento era que se quería incluir a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos, pero al final sólo detalla que dichas entidades tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley, de acuerdo con la normatividad de cada uno.
Se acaba la prepotencia, pues esa ley obliga a brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a los ciudadanos que requieran sus servicios. Se va a erradicar el amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo, pues se prohíbe utilizar sus atribuciones, facultades o influencias, para que de manera directa o indirecta se contrate personal.
Escoltas. Se restringe a los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas y elementos de seguridad, y se tipifica como peculado el disponer de servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo casos que se justifiquen.
Se establece, además, que se cancelarán los contratos suscritos con empresas, nacionales o extranjeras, que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias.
Lujos. Se acabaron los boletos de avión de primera clase y la renta de aviones privados.
Habrá sólo tres asesores por dependencia. Se eliminarán las plazas de Dirección General Adjunta que se hayan creado a partir de 2001 y se limitará la contratación de personal bajo el régimen de honorarios.
Al fijar su posición, el diputado del PRI, Fernando Galindo, dijo: “¿Qué tiene de bueno esta ley? Lo único es su nombre, porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo? Absolutamente nada. Esta ley es una recopilación de lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, en la Ley de Adquisiciones, en la Ley de Obras Públicas, y algo que ustedes no saben, en los decretos de austeridad de la pasada administración”.
