Sin el PRI, PAN y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad, con 271 votos a favor, el juicio político contra la extitular de Sedesol, Rosario Robles, y aprobó llevar la acusación ante el Senado para inhabilitarla por 20 años.
Las bancadas de Morena, PT, PES y MC votaron a favor de las conclusiones de la Sección Instructora, que, afirmó, sí halló elementos para acusar a Robles ante el Senado por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Estado.
Desde noviembre de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara avaló iniciar el proceso de juicio político contra Robles por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos de la Estafa maestra.
La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, quien se excusó de votar por un posible conflicto de intereses al ser la denunciante, aseguró que se vive un momento histórico, porque por primera vez se tiene la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana; además, dijo, la corrupción ha sido el mal que ha puesto en riesgo los cimientos de nuestra República.
Asimismo, mencionó que el procedimiento no es contra una persona ni es tema de partidos, chivos expiatorios o verdugos, pues hay 25 denuncias penales.
“Tomar la decisión de denunciar a una mujer que ha destacado en la vida pública no fue fácil”, expresó desde la máxima tribuna.
El abogado de Rosario Robles, Alberto Javier Sánchez, acusó que en este procedimiento hay una “saña inaudita” y que se pasan por encima los derechos constitucionales, pues “no se le notificó en tiempo y forma para preparar su defensa”.
No obstante, les advirtió a los diputados de la Cuarta Transformación que el rasero que están marcando será el que va a permanecer: “Hoy algunos están arriba, pero mañana van a estar abajo”.
Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dijo que después de tanto se vuelven a presentar conclusiones acusatorias en un juicio político, y señaló que no se está acusando a una persona, sino a un gobierno, además de que siempre se respetó la presunción de inocencia.
“No acusamos a una persona, sino a un gobierno y la forma de actuar de la administración pública federal, desapegada de la ley y de manera corrupta. No es un asunto personal. La Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado. No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía. No son hechos aislados”, mencionó.