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A una semana del inicio del nuevo gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enfrenta cuestionamientos del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Desde el pasado martes comenzaron a llegar cartas desde distintas representaciones de México en el exterior, en las que se solicita una aclaración sobre el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del total de remuneraciones que tienen los funcionarios mexicanos.
El pasado 30 de noviembre la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos envió una comunicación al personal de cada una de las adscripciones en el exterior, en la que informó sobre el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Mexicana.
Se les informó que el artículo 6 fracción III establece diversas bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, lo cual impacta en el cálculo de las deducciones.
En concreto, la ley establece que se retendrá el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a las prestaciones que son otorgadas a los miembros adscritos al Servicio Exterior Mexicano. Entre estas prestaciones destacan ayuda de alquiler, préstamo para el mismo rubro y educación.
Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos, se menciona en la comunicación, se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagados por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria y otro concepto.
“A fin de garantizar el debido cumplimiento de la misma y evitar incurrir en el delito de remuneración ilícita (...) se comunica que en la próxima nómina se retendrá el ISR correspondiente a las prestaciones otorgadas a los miembros del SEM adscritos en el exterior”, se informó en una comunicación de la dependencia.
La comunicación firmada por el director general, Pedro Manuel Lichtle Fragoso, generó desconcierto y molestia entre la diplomacia, que se ha dado a la tarea de enviar notas y cartas —de las cuales EL UNIVERSAL tiene copia— para pedir aclaraciones.
Desde la embajada de Hungría, que encabeza David Nájera Rivas, se envió una notificación en la cual se solicita una aclaración sobre las prestaciones.
“Respetuosamente solicitamos se nos aclare por esta vía si las prestaciones a las que hace mención el citado decreto se consideran parte integral del salario y la tasa de ISR es sobre el total de las remuneraciones o, en su caso, es una tasa individual y en qué porcentaje, por separado al salario”, se indicó en la comunicación.
La embajada de México en Perú solicitó una explicación detallada de cómo se ha calculado el monto asignado por ayuda correspondiente al mes de diciembre 2018, “misma que se ha enviado con una notable reducción”, indicó la representación que encabeza el encargado de negocios Abel Escartín Molina.
La Oficina de México ante la Autoridad Nacional Palestina expresó preocupación por el personal del servicio exterior adscrito a esa representación, debido a la disminución de los montos que se recibirán por concepto de ayuda de alquiler así como préstamo para ayuda de educación.
“Esta medida afectará el cumplimiento de los compromisos contractuales previamente adquiridos por los miembros del SEM y tendrá un impacto negativo en su economía familiar”, detalló la carta enviada por esta oficina.
Añadió que las prestaciones son un apoyo fundamental para que los miembros del SEM tengan la posibilidad de desempeñar sus funciones de manera adecuada dentro de la adscripción a la que han sido comisionados.
El encargado de negocios de la embajada de México en Noruega, José Eduardo Loreto, expuso en la comunicación que envió a Relaciones Exteriores que el apoyo que recibe personal del SEM adscrito al exterior es considerada una prestación sujeta a comprobación y respalda de manera importante la economía de los diplomáticos y el bienestar de sus familias, sobre todo en ciudades con precios de renta de vivienda muy altos.
“Es opinión de esta embajada que cualquier disposición como ésta merece siempre un cuidadoso examen en sus objetivos y sus consecuencias”, se expuso desde la representación diplomática Noruega.
Son poco más de una decena de cartas que han llegado hasta la oficina de la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la misma dependencia.
La comunicación que envió la embajada de México en Uruguay pidió conocer una opinión jurídica.
“Embamex Uruguay considera primordial conocer la opinión de la Consultoría Jurídica respecto del alcance de la citada ley sobre las ayudas en comento, así como la decisión de la Secretaría respecto a los montos de estas prestaciones”, señaló la oficina diplomática.
“Todos entendemos y nos congratulamos por la nueva etapa que inicia en nuestro país, pero igualmente consideramos que el nuevo equipo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores será perceptivo a que dada la naturaleza particular de las condiciones de vida de los diplomáticos mexicanos al exterior, aplicarles los criterios que en territorio mexicano son viables, en el extranjero impactarán negativamente su economía y en consecuencia sus condiciones de vida y la de sus familiares”, expuso.
Hasta el cierre de esta edición, el SEM adscrito al exterior no había recibido respuesta alguna desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.