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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha realizado 144 designaciones de testigos sociales, entre octubre de 2016 y julio de 2018, que participan en el acompañamiento y vigilancia de igual número de procedimientos de contratación, por un monto global por más de 291 mil millones de pesos.
Los 76 procedimientos concluidos —de 144 realizados en el periodo mencionado, supervisados por testigos sociales— suman un monto superior a 136 mil 592 millones de pesos; en tanto que los 42 procedimientos de contratación que están en proceso equivalen a más de 155 mil 583 millones.
De los procedimientos concluidos, el de monto más alto es una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de julio de 2017, por más de 27 mil 308 millones de pesos para adquirir medicamentos, el cual estuvo acompañado por la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño A.C., como testigo social.
El de monto más bajo es una licitación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por más de 2 millones 485 mil pesos para adquirir servicios digitales de telefonía, en febrero de 2017, supervisado por la arquitecta María Teresa Ticó Moreno como testigo social.
De este universo, un total de 25 procedimientos fueron cancelados y uno más fue declinado; “126 se realizaron por medio de licitación pública, 14 por concurso público, dos por invitación y dos por adjudicación.
Los testigos sociales participan en las licitaciones públicas, cuyo monto rebasa el equivalente a 5 millones de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México en los supuestos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
También en las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de la Unidad de Medida y Actualización en la Ciudad de México, en los supuestos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Además, intervienen en proyectos cuyo monto de inversión inicial sea igual o superior al equivalente a 400 millones de Unidades de Inversión en los supuestos previstos por la Ley de Asociaciones Público Privadas.
