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Sin recursos económicos, materiales y humanos, e incluso en algunos casos sin ningún responsable a cargo, 19 comisiones locales de búsqueda han iniciado a marchas forzadas una tarea titánica: encontrar a más de 37 mil personas desaparecidas.
Estos organismos nacieron a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición en 2018; sin embargo, aún no se constituyen en las 32 entidades del país y las que existen apenas han encontrado a 291 personas de las mil 47 que han buscado desde su creación.
Esa cifra representa 27% de efectividad para las comisiones locales, las cuales realizan parte de su trabajo cuando reciben solicitudes de búsqueda por cualquier persona.
Entre las 11 comisiones locales que ya iniciaron sus labores existen marcadas diferencias. Por ejemplo, en Veracruz hay 532 solicitudes de búsqueda, pero sólo han sido localizadas 31 personas.
San Luis Potosí es otro estado que ha tenido complicaciones, debido a que en total ahí existen 161 solicitudes de búsqueda y aún no se ha podido encontrar a 49% de las víctimas.
Además, en esa misma entidad se registraron al menos 17 solicitudes de búsqueda que no han sido resueltas desde agosto del año pasado.
Contrario a estos estados, hay otros que registran un mejor avance. En Coahuila, por ejemplo, la comisión local presumió haber recibido 54 solicitudes de búsqueda y localizó a 94% de las víctimas.
Mientras en Nuevo León se generaron 39 solicitudes de búsqueda y se encontraron a 37 personas.
Aunque las entidades proporcionaron esta información, sólo Baja California y Veracruz especificaron si las víctimas fueron encontradas con vida.
En Veracruz, de las 31 personas que se hallaron 29 estaban vivas y en Baja California ocho desaparecidos, de 11, fueron recuperados sin vida.
Las complicaciones
El 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional.
“Vamos a destinar todo lo que se necesite, el Estado se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión que ya se integró, sino que es una responsabilidad del gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero”, exclamó el mandatario ese día.
El problema no es menor, pues según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no hay un solo estado que no haya registrado una desaparición.
En Tamaulipas, donde se registran más de 6 mil víctimas, la situación es más crítica; sin embargo, el Estado de México, Jalisco y Sinaloa también presentan número alarmantes, con más de 3 mil casos cada uno.
Frente a este contexto, Grace Fernández, líder de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), lamenta que las comisiones locales de búsqueda no tengan presupuesto para operar como lo indicó el titular del Ejecutivo.
“La falta de dinero, de herramientas y de personal son constantes en todas las comisiones. Algunas lo padecen en mayor medida que otras, pero al final no hay alguna que tenga todo lo necesario para encontrar a las víctimas”.
La falta de presupuesto no es la única barrera con la que se han enfrentado estos organismos, sino que la ausencia de voluntad política para hacerlos funcionar es común.
Esta opinión es compartida por asociaciones civiles y por integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda consultados por este medio.
Humberto Guerrero Rosales, de la organización Fundar y el Consejo Nacional Ciudadano, advirtió que hasta el momento son 22 entidades las que ya han mostrado avances en la conformación de su comisión local de búsqueda, aunque no todas están operando.
“Hay tres retos en la creación de las comisiones, el primero se relaciona con la falta de voluntad política de las autoridades para considerar a las desapariciones como una prioridad, especialmente porque algunos estados rehuyen de hacer expresa esa problemática y reconocer que la están padeciendo”, consideró Humberto Guerrero.
Igualmente, expresó que hasta el momento ha faltado más trabajo en conjunto entre los tres niveles de gobierno: “[La colaboración] muchas veces depende de la buena relación que hay entre el gobierno federal, el estatal y el municipal. No obstante, esa falta de coordinación, ese caminar disparejo, puede corregirse en la medida que la federación y el Presidente sigan colocando este tema como prioridad”.