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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque lo critiquen y acusen de querer militarizar al país, insistirá y defenderá que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, debido a que no quiere que la Guardia Nacional termine en un rotundo fracaso como la Policía Federal Preventiva.
En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal indicó que sólo que haya constancia en la violación de derechos humanos podrá rectificar su decisión.
“Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva, sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario”, aseveró.
Añadió: “Lo digo, lo voy a defender porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación, o sea, es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias, hay que tomar una definición en esto”.
El Mandatario aseguró estar convencido de que la Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuerzas Armadas, como se concibió. Indicó que la Policía Militar y la Policía Naval tienen que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a las Fuerzas Armadas.
“Eso lo voy a defender. Y por eso la reforma a la Constitución con un tiempo. Si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos, pero si no es así, ¿por qué?, ¿sólo por lo ideológico? No”.
En Palacio Nacional, López Obrador calificó como de mala fe y falta de información que la oposición critique el decreto presidencial que da facultades a Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, porque se trata de una reforma constitucional aprobada por todos los partidos.
Recordó que hace seis meses la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales aprobaron dicha reforma con el respaldo de todos los partidos y en un artículo transitorio se estableció el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“Fue un trámite, eso fue lo que se hizo, ya había la autorización del Congreso… Cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad... Por eso hablo de falta de información y de mala fe, de aprovechar todo para cuestionar”, dijo.
El Presidente señaló que afortunadamente la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente y no cree en esas calumnias y no se deja manipular, es un pueblo muy politizado.
“Yo creo que faltó información. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública se aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos y ahí en un transitorio se estableció que había que emitir un decreto. Ese es realmente un trámite y fue lo que se hizo, pero ya existía la aprobación del Congreso. Se hizo una reforma constitucional, no sólo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional.
“Cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, cuando esto ya se resolvió. Por eso hablo de falta de información y también de mala fe, aprovechar todo para cuestionar y exagerar”, dijo.
Presentan queja ante CNDH
A su vez, el PRD presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja en contra del acuerdo presidencial por considerar que viola acuerdos internacionales firmados por nues-
tro país.
En el documento, suscrito por legisladores y dirigentes perredistas, se recuerda que al subordinar el mando civil al mando militar el Estado mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles y no de militares.
Por eso, la instrucción “es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes; sin embargo, el Presidente y Alfonso Durazo están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos” con esa participación militar, se estimó.
Con ello, “la militarización se implanta en un ambiente donde la impunidad y la debilidad del Estado de derecho siguen siendo carta abierta para las fechorías de los delincuentes”, se estableció en la querella firmada por la diputada Frida Esparza Márquez, el senador Juan Manuel Fócil Pérez y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, de la expresión Alternativa Democrática Nacional.
