Hijo del desaparecido José Luis de la Peza, expresidente del entonces Tribunal Federal Electoral (Trife), el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa ha tenido una carrera firme en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y ha trabajado en las ponencias de ministros que llegaron a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza.
Según datos del PJF, el ahora titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones inició su carrera como abogado litigante en diversos despachos.
En 2011 trabajó en el despacho De la Peza y Matuk, Abogados, fundado por José Luis de la Peza. De ahí dio el salto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde trabajó como secretario de estudio y cuenta en las ponencias del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
En el año 2014 se desempeñó como secretario de estudio y cuenta del ministro Juan N. Silva Meza y en 2015 con Norma Lucía Piña Hernández. En 2016 fue adscrito a la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora.
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Tras desempeñarse como actuario en los juzgados Cuarto y Primero de Distrito en Materia Civil, secretario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil y juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en 2017 llegó al juzgado Primero Especializado en Competencia Económica.
En junio del año pasado también suspendió indefinidamente la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) emitido por la Secretaría de Energía (Sener).
Un mes antes, otorgó otras suspensiones, una de ellas a Greenpeace, contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicado el 29 de abril de 2020, que impide la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable al SEN.
En aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Sener, Rocío Nahle, afirmaron que defenderían la política energética en los tribunales.
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Incluso, el Cenace emitió una tarjeta informativa en la que afirmó que el juez De la Peza no debía conocer de los amparos tramitados contra el acuerdo del 29 de abril, pues no contaba con el conocimiento técnico necesario para conceder las suspensiones.
“Otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el Cenace está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión. No obstante, aun desconociendo los alcances técnicos, otorgó la suspensión definitiva sin identificar el impacto al SEN, poniendo en peligro dicho bien público”, señaló el organismo.