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El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la Cámara de Diputados, el perredista Rafael Hernández Soriano, aseguró que concesionar a la iniciativa privada la construcción de la terminal aérea como lo propone Andrés Manuel López Obrador, es una “ocurrencia” e implicaría pérdidas millonarias al erario por las inversiones ya ejecutadas.
En un comunicado, el legis- lador afirmó que lejos de abonar a la transparencia, desencadenaría la voracidad de funcionarios públicos que han visto en la megaobra el gran negocio del sexenio. Hernández Soriano calificó como una acción “desesperada y sin fundamento” la propuesta que hizo el candidato presidencial para tratar de congeniarse con la cúpula empresarial a la que insultó recientemente.
Consideró que de la noche a la mañana “López Obrador se convirtió en el neoliberal más activo de fin de sexenio, ofrece al capital privado lo que a millones de mexicanos nos ha costado por vía de nuestros impuestos”, abundó.
El NAIM es un negocio a todas luces, tanto, que hay excesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) —responsable de la obra— se ha privilegiado a grupos empresariales, manifestó.
“Esta obra tiene que detonar el desarrollo en esa región y beneficiar a las comunidades aledañas en primera instancia y de igual forma a empresarios mexicanos, no sólo a grupos privilegiados por la SCT”, subrayó el diputado federal.
Concesionar el desarrollo del aeropuerto también impactaría la economía de la megalópolis, ya afectada debido a que la forma en que se lleva a cabo la construcción, sin cumplir con los estándares de mitigación, reduce la renta social asociada a la obra, alertó el legislador.
El nuevo aeropuerto es necesario para el desarrollo del país y además de ser estratégico en el rubro de la seguridad nacional, se tiene que mantener la rectoría del Estado, manifestó.
Lo que se requiere y por lo que hemos luchado en la Cámara de Diputados, afirmó, es que la construcción se someta a una estricta revisión financiera, que la ASF, además de hacer señalamientos sobre irregularidades actúe y presente las denuncias ante el Ministerio Público (MP).
De igual forma, pidió que se dé seguimiento a las denuncias por daño ecológico y a las afectaciones que sufren habitantes de al menos 10 municipios del Estado de México, expuso Hernández Soriano.
