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El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un revés judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada su exigencia de obtener más de mil millones de pesos para realizar la consulta popular a fin de enjuiciar a los actores políticos del pasado por sus decisiones.
Durante la sesión de ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales los decretos de convocatoria para la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto.
El INE presentó una controversia constitucional en la que reclamó que el presupuesto asignado para este ejercicio fiscal no contempla la realización de esa consulta popular.
Por ello, el organismo solicitó al Congreso de la Unión la entrega inmediata de más de mil millones de pesos para poder realizar ese ejercicio democrático.
En su resolución, la sala determinó que “no existe ni constitucional ni legalmente una obligación por parte del Congreso de la Unión al emitir el decreto de la convocatoria a la consulta popular de establecer o determinar los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del ejercicicio de opinión ciudadana”.
En consecuencia, el INE deberá realizar el ejercicio con los recursos que se le asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, sin recibir ningún incremento extraordinario.
En octubre de 2020, la Corte avaló la constitucionalidad de la consulta popular planteada por el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba preguntar a la ciudadanía si se debía investigar y enjuiciar a los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por posibles delitos cometidos durante y después de sus administraciones.
Sin embargo, los ministros modificaron la pregunta para abrir la posibilidad de investigar a todos los actores políticos por las decisiones tomadas en años anteriores y que pudieran ser constitutivas de presuntos delitos.
La pregunta modificada quedó de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El pasado 2 de junio, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo para dar luz verde al diseño y la impresión de papeleta, la plantilla braille y el sello para campo de municipio de la boleta de consulta popular para el próximo 1 de agosto.
