La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó estudiar la inhabilitación perpetua aplicada a los funcionarios, empresa y particulares en Jalisco que cometan actos de corrupción , medida también conocida como “muerte civil” .
Este jueves la Corte admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la medida que establece que los sancionados no puedan participar permanentemente en las contrataciones de obra pública con el gobierno del estado de Jalisco.
La CNDH consideró que la sanción de “ muerte civil ”, prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas , es desproporcionada a la gravedad del delito de corrupción porque implica prácticamente aislar al acusado de la sociedad.
La Suprema Corte deberá determinar si dicha figura es o no compatible con la Constitución federal.
