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El gobierno de Chihuahua se sumó a las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que pone en grave riesgo el sistema de derechos humanos del país, e invade las facultades de las entidades y municipios.
Luego de entregar el escrito inicial ante la Oficialía de Partes de la Corte, el mandatario panista Javier Corral Jurado explicó que el gobierno de Chihuahua contraviene todos los artículos de la ley para lograr una declaratoria de inconstitucionalidad contra la misma.
“Es invasiva de las competencias y facultades de los municipios y de las entidades federativas, e incluso, vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas.
“Pone en serio riesgo el sistema de los derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, del que no debemos permitir en modo alguno un ápice de regresiones, porque pone en jaque los datos personales, el derecho de acceso a la justicia, de seguridad jurídica. Creemos que es una ley que vulnera el pacto federal de la democracia“, indicó.
Agregó que el texto normativo arriesga innecesariamente a las Fuerzas Armadas al colocarlas en sustitución que competen a las autoridades civiles.
“Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente porque les desnaturaliza su función primordial, las sigue colocando en una tarea que la constitución no les autoriza, porque el modelo que el legislador escogió fue un modelo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar, y eso no le conviene ni a las Fuerzas Armadas”, dijo.
Además indicó que les “parece a todas luces indebida y, diríamos, más allá de la Constitución o en contra de la misma, la definición que se ha dado de seguridad interior, no solamente porque es una definición ambigua, sino porque permite por esa ambigüedad trastocar un conjunto de principios fundamentales en el país”.
Afirmó que desde hace dos meses manifestó públicamente su preocupación sobre la posible promulgación de la Ley de Seguridad Interior, y solicitó por ende que la recibieran los senadores para exponer sus puntos de vista.
“No fue satisfecha nuestra pretensión, sólo se recibió a los otros 31 gobernadores que sí estaban a favor de la ley”, señaló.
Externó que “el Senado no escuchó nuestros puntos de vista y entró en un proceso de simulación incorporando unos cambios cosméticos al dictamen que regresó a la Cámara de Diputados”.
El pasado viernes, la SCJN, a través de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite ocho impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior, promovidas por igual número de municipios.
Se trató de las controversias constitucionales promovidas por Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, Yucatán; así como Ahuacatlán y Tepeyahualco, Puebla.
