Más Información
CJNG, La Familia Michoacana, Unión Tepito; estos son los cárteles con los que colaboraban funcionarios detenidos en Edomex
Fiscalía de Michoacán identifica a autores materiales del secuestro del empresario Valdemar Tariácuri; serían parte de una célula del CJNG
¡Prepárate con abrigo y bufanda! Hay Alerta Roja y Naranja para la CDMX por frío; termómetro marcará entre -2 y 0 grados Celsius
Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del PJ, se postulará como magistrada; verificará que no haya “mano negra”
Un juez federal en el estado de Oaxaca ordenó a las autoridades del sector salud para que “de inmediato y sin excusa” provean equipo técnico y de seguridad para que un grupo de médicos puedan atender a pacientes con Covid-19 en la entidad.
El juez de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca concedió una suspensión de plano y de oficio a un grupo de 11 doctoras que alegaron que en la entidad no han sido emitidas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio de Covid-19 entre el personal médico que atiende a los pacientes con esta enfermedad.
Además indicaron que el personal médico no ha recibido equipo de seguridad sanitaria o insumos adecuados para evitar el contagio.
“Dichas omisiones pondrían en grave riesgo su salud, lo que haría físicamente imposible restituirles en el goce del derecho reclamado en el caso”, precisó el juzgador.
“Se concede de oficio y de plano la suspensión para que las autoridades responsables de inmediato y sin excusa, provean a las aquí quejosas del equipo técnico, material de seguridad sanitaria e insumos adecuados y suficientes, a efecto de que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones dentro del referido hospital y no sean contagiadas de virus SARS-COV2 o COVID-19, ni se ponga en peligro su salud e incluso su vida”.
Esta es la segunda ocasión en que un juez federal ordena proveer del equipo necesario a personal del sector Salud para atender a pacientes con Covid-19.
EL UNIVERSAL informó que en el estado de Guanajuato un juez de Distrito concedió una suspensión en los mismos términos a una enfermera que trabaja en un hospital de la Secretaría de Salud en la entidad.
José Mario de la Garza, quien forma parte del equipo legal que representa a las quejosas, explicó que los amparos fueron tramitados pro bono a través de la organización de la sociedad civil Renace.
MAOT