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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que las personas que se encuentran privadas de su libertad en distintos centros de detención, son altamente vulnerables para adquirir el Covid-19 debido a las condiciones de insalubridad que viven.
Estos lugares, detalló el organismo internacional, carecen de agua limpia, jabón, además de que el cloro y otros materiales necesarios, no siempre están disponibles. No existe ventilación adecuada ni asistencia médica suficiente, lo que facilita la transmisión de enfermedades infecciosas.
La sobrepoblación es otro de los problemas que se viven y ello impide el distanciamiento físico.
"Los lugares de detención no están separados del resto del mundo en lo que a transmisión de enfermedades se refiere. Los virus pueden entrar y salir a través de los familiares que visitan a los detenidos, del personal penitenciario, de los proveedores y de los propios detenidos que entran o salen cuando son condenados o cuando deben presentarse ante los tribunales. La salud de los detenidos debe ser protegida, no solo porque es lo correcto, sino por el bien de toda la sociedad", dijo Vincent Ballon, jefe de la unidad de Detención del CICR.
El Comité instó a las autoridades responsables de detención de todos los países, para que se apliquen medidas de control y prevención de infecciones.
Por experiencia, detalló el Comité, si se mejora el acceso al agua limpia y los artículos de higiene, y si se adoptan otras medidas, como la instalación de estaciones para el lavado de manos, es posible prevenir la propagación de enfermedades dentro y fuera de los lugares de detención. Estos lugares deben adaptar sus rutinas diarias para mitigar los riesgos de contaminación y, a la vez, evitar que se altere en forma excesiva e innecesaria la vida cotidiana de los detenidos.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja ha comprobado que, con medidas de ese tipo, se ha conseguido prevenir la propagación del virus del Ébola en las cárceles”, mencionó en un comunicado.
El CICR para México y América Central detalló que trabaja de la mano de las autoridades en los países de la región para prevenir la propagación mediante asesoría técnica, acompañamiento en la implementación de recomendaciones para el desarrollo de protocolos de prevención y control, y la donación de insumos.
“La reducción del número de personas privadas de la libertad puede ayudar, sin duda, a reducir los riesgos que conlleva la COVID-19”, aseguró Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR para México y América Central.
El CICR promueve la adopción de medidas no privativas de la libertad y alternativas a la detención, presentando varias opciones a los Estados, las autoridades judiciales, los fiscales y las autoridades penitenciarias para ayudarles a considerar y sopesar los numerosos y complicados factores que intervienen en esas decisiones.
En Honduras, México y El Salvador, el CICR ha compartido con operadores de justicia las experiencias de otros sistemas judiciales para reducir la población privada de libertad que, por sus condiciones de salud, es identificada como más vulnerable a la COVID-19, así como la jurisprudencia existente en la materia.
MAOT
