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La lucha contra la corrupción en cualquier país requiere jueces independientes y fiscales egresados de una profesión que los prepare exclusivamente para desempeñarse como ministerio público, afirmó el juez brasileño Sergio Fernando Moro, especialista en este tipo de casos.
En el ciclo de conferencias Los Problemas Nacionales y el Derecho: La Corrupción, realizado en El Colegio Nacional, el juez compartió su experiencia al resolver procesos judiciales como los casos Petrobras y Odebrecht.
En Brasil lideró la operación Lava Jato, que significa autolavado, que implicó la investigación más grande sobre casos de corrupción al interior del país, en la que han sido sentenciados 118 políticos, empresarios y dirigentes, entre ellos el ex presidente Lula da Silva.
Fernando Moro afirmó que en estos procesos judiciales fue importante la independencia judicial, la transparencia, la publicidad, la cooperación internacional y, en el caso de Petrobras, la realización de acuerdos de las empresas que pagaron sobornos a la petrolera para colaborar con las autoridades de procuración de justicia mediante declaraciones sobre pagos de sobornos a servidores públicos de otros países, entre ellos México.
La académica María Amparo Casar enfatizó que México aún no tiene el Poder Judicial que merece y que la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido utilizada para premiar o castigar a amigos o enemigos políticos del Poder Ejecutivo y el partido que detenta el poder central.
Recordó que como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la PGR cambiará para convertirse en una Fiscalía General de la República, con la que se busca acabar con la codependencia entre esta institución y el Poder Ejecutivo, y combatir la impunidad que permea en México.
Al respecto, el juez Fernando Moro indicó que, de acuerdo con la experiencia brasileña, ha funcionado que el ministerio público es una carrera profesional y los fiscales tienen las mismas garantías de independencia que los jueces de ese país; entran a un concurso público y sólo pueden ser destituidos por mal comportamiento.
Explicó que en el caso del fiscal general de Brasil, es electo por el presidente del país, previa aprobación del Senado. Sin embargo, el titular del Ejecutivo está limitado a elegir a un egresado de la carrera profesional de ministerio público, no puede ser alguien distinto.
“En los últimos 15 años, en Brasil los procuradores crean una lista y votan a los integrantes de ésta, los tres más votados son los nombres que envían al Presidente, quien generalmente elige a una persona que integra esta terna. Esto nos ha llevado a una mayor profesionalización del ministerio público”, dijo.
Este esquema, agregó el juez, provocó que los fiscales designados en los últimos 10 años tomaran posturas muy independientes con relación a los presidentes en turno.
El evento fue moderado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, quien enfatizó en la importancia de acercar a la ciudadanía al actuar judicial en casos de corrupción, que regularmente se vincula con el actuar de autoridades y ministerios públicos, y reconoció que en los 15 años que está a punto de cumplir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo ha conocido de dos asuntos en esta materia, puesto que los juzgadores están obligados a intervenir hasta que estos casos se denuncian de manera formal.
Durante el conversatorio, cinco simpatizantes del ex presidente brasileño Lula da Silva exigieron al juez Sergio Fernando Moro explicar por qué Petrobras no ha sido sancionada por las irregularidades que cometió, y afirmaron que existe persecución política en contra del ex mandatario de aquel país.
El juez se limitó a responder que Petrobras y otras empresas fungen como colaboradoras de las autoridades, según los acuerdos judiciales que han suscrito, razón por la que no han sido sancionadas, porque proporcionan información que es valiosa para las investigaciones.
