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Aunque el Congreso de Nayarit logre inhabilitar a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador priísta, con los dos procesos de juicio político que inició el miércoles, no podrá emprender acciones legales en su contra debido a una reforma constitucional aprobada por la anterior Legislatura para intentar proteger al ex mandatario.
El diputado panista Javier Mercado, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que no podrán emprender acciones penales contra Sandoval Castañeda debido a la reforma aprobada el 20 de junio de 2017, 16 días después de que el PRI perdió la elección.
“Quitan un párrafo por ahí que facultaba al Congreso estatal a poder emprender acciones penales y darle conocimiento al Ministerio Público sobre posibles delitos”, recordó.
Mercado señaló que si bien el Congreso está limitado a destituir o inhabilitar a un gobernador o ex mandatario, eso no impide que otras autoridades o particulares puedan denunciarlo ante la fiscalía. Dijo que no se tiene noticia del paradero de Sandoval Castañeda y en caso de escapar tendrá que asumir las posibles consecuencias.
Rodrigo González Barrios, integrante de la Comisión de la Verdad quien promovió uno de los juicios iniciados contra el político, indicó que están a la espera de que la Comisión Instructora que desahogará las pruebas los convoque para ratificar las acusaciones que presentaron el 2 de octubre de 2017.
“Con documentales públicos se puede probar que los ingresos del ex gobernador no coinciden con los recursos que obtuvo en 12 años como funcionario público”, indicó.
Señaló que están pidiendo que los diputados inhabiliten al ex gobernador al menos por 20 años. Informó que el lunes pasado presentaron ante la fiscalía estatal una denuncia penal por cohecho contra Sandoval Castañeda y el ex auditor Roy Rubio, a quienes acusan de ese delito.
González Barrios explicó que no tienen ninguna información de que la Procuraduría General de la República investigue el caso.
