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La fractura en el PAN y la posibilidad de nombrar al procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade como fiscal General de la Nación, provocó una crisis en el Congreso de la Unión que impidió el nombramiento de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y generó que el Ejecutivo federal entregara su 5to Informe de Gobierno a la Secretaría General de la Cámara Baja.
La falta de condiciones políticas impidieron que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregara personalmente el 5to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; en su lugar acudió el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob, Felipe Solís Acero.
En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong dijo: “No hay a quién entregárselo [el Informe], todavía no hay una decisión al respecto, entonces, mientras no haya un acuerdo, todavía no sabemos ni a quién ni a qué hora”.
Solís Acero aseguró que su presencia en la Cámara de Diputados para entregar el Informe, no fue un reflejo de conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Incluso, la Secretaría de Gobernación justificó que la decisión de que fuera Solís Acero quien entregara el Informe de Gobierno, fue para dar espacio a la Cámara Baja, que dentro de su autonomía y procesos internos, pudiera concretar los consensos necesarios para la integración de la Mesa Directiva para su tercer año de ejercicio.
“Con ello, el gobierno de la República cumple con su obligación constitucional y estará atento a las determinaciones que tome la Cámara de Diputados”, difundió Gobernación en un comunicado.
Fue la primera vez, desde 2008, cuando se modificó la Constitución para que el Ejecutivo federal sólo entregara su Informe sin necesidad de acudir al Congreso, que un subsecretario lo presentó ante el Legislativo.
La oposición en San Lázaro (PAN, PRD, Morena y MC) dijo que no había condiciones para elegir a la nueva Mesa Directiva y su designación se pospuso hasta el próximo martes.
En tribuna, Marko Cortés, coordinador del PAN, dijo que su partido no va a permitir la instalación de la Mesa Directiva hasta que no se corrija el artículo transitorio “envenenado” que permite que Cervantes sea el fiscal General de la Nación.
Sin embargo, si no se alcanza consenso puede generar una crisis constitucional y financiera, debido a que en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no establece qué pasaría si no hay acuerdo para la Mesa Directiva después del 5 de septiembre.
“Esta forma chantajista no es propia de las democracias maduras, ni es propia de los demócratas, por lo tanto, nosotros creemos que la paciencia, la tolerancia del PRI, también tiene límites”, dijo César Camacho, coordinador del tricolor, quien aceptó que están al borde de una crisis constitucional que podría dar malas señales al mundo financiero, pues el próximo viernes el gobierno entrega su propuesta de presupuesto para 2018.
La presidenta de la Cámara, la panista Guadalupe Murguía, quien sigue en el cargo que debió entregar el jueves, señaló que la ley prevé que si no se logran los acuerdos con la mayoría calificada de dos terceras partes, se prórroga su gestión al 5 de septiembre: “Después de eso, no se prevé absolutamente nada”, describió.
El jueves, la bancada del PAN en el Senado se fracturó debido a que el PRI no permitió que las senadoras panistas, Adriana Dávila y Laura Rojas, presidieran la Mesa Directiva, en su lugar fue electo Ernesto Cordero (PAN) con el apoyo de los demás grupos parlamentarios, incluido el PRI, y por esto sus correligionarios lo calificaron de “traidor” y “esquirol”.
La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, dijo que “no hay condiciones para votar una Mesa Directiva y el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que no se elegirá al nuevo cuerpo que presidirá Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), porque hay intención clara de contar con los votos para consumar la ignominia del pase automático del actual procurador a fiscal general”.
