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Una de las principales debilidades de México que ha generado la corrupción, entre otras, es la aprobación y aplicación del gasto público que no van de la mano, señala Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Campos advierte sobre la necesidad de tener presupuestos realistas, pues señala que está comprobada la simulación del Congreso al aprobar un Presupuesto de Egresos y aplicar otro mucho más elevado.
A ello, la organización México Evalúa lo ha denominado la Caja Negra del gasto público. Campos expone que uno de los grandes retos de la siguiente administración es que el Jefe del Ejecutivo presente presupuestos realistas y se modifique la Ley de Responsabilidad Hacendaria para controlar la simulación del gasto.
¿Lograron descifrar la caja negra del presupuesto en México?
—Hemos descifrado bastante. A partir de 2014 tenemos tres publicaciones que nos señalan debilidades que deben considerarse, si se quiere mejorar el gasto público.
Esta la Caja Negra del gasto; el Presupuesto Realista y Sostenible, y este año publicamos Arquitectura del Ramo 23, estudio que habla del impacto negativo del uso político del dinero.
El uso del dinero ha sido recurrente y ello ha llevado a la corrupción, ¿qué han notado?
—Tenemos un presupuesto que se presenta al Congreso, pero no con cifras realistas. Hay una especie de simulación en la aprobación. Además, la normativa está planteada de tal forma que el Ejecutivo y demás operadores de gasto tienen muchas facultades para cambiar el presupuesto que aprueba el Congreso.
No nos sirve mucho ver el presupuesto aprobado, la discusión es muy escasa, se vuelve como un trámite del Congreso más que un contrapeso efectivo. No importa mucho la planeación; es decir, se desincentiva la planeación. Nos habla de un sistema presupuestario discrecional.
¿El tema es normatividad, falta?
—Son varias. En algunos casos no existe, hablamos de lagunas, por ejemplo: la Constitución le otorga al Congreso amplias facultades, la aprobación del gasto, del presupuesto, de la deuda y también de los ingresos, pero la Ley de Responsabilidad Hacendaria deja mucha discrecionalidad al Ejecutivo para cambiar el presupuesto.
Es necesario modificar la ley y dar al Congreso la importancia como órgano vital y de poder del Estado. Que tenga capacidad de hacer contrapeso, capacidad técnica para analizar los presupuestos y estar a la altura del Poder Ejecutivo en esa discusión.
Hay un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas no regulado en la ley, sin autonomía técnica ni de gestión para proteger el presupuesto.
El Ramo 23 es clave porque ha sido una colección de fondos que ha manejado el Ejecutivo para controlar al Congreso y a gobernadores, políticamente hablando. Necesitamos una manera de gastar distinta, que obedezca realmente a diagnósticos, necesidades y planes de gasto, y tenemos que aminorar este control político.
¿El control del gasto lo tiene totalmente el Ejecutivo?
—Es el que termina ejerciendo y decidiendo. En cinco años de esta administración se gastaron 318 mil millones de pesos, pero en realidad se había aprobado una cantidad 14 veces menor. Esta es la capacidad que tiene el Ejecutivo de ampliar presupuestos.
¿Se llega a saber en qué se gasta ese dinero?
—En realidad no, porque no se publicaron los convenios, dado que no hay regulación que te indique en qué se debe gastar.
¿La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene capacidad de movilidad?
—Tenemos una falla grande en todo el gasto federalizado. A pesar de que la ASF puede establecer convenios de auditoría, en realidad es limitado lo que puede hacer y en los Estados las auditorías son deficientes, no tienen el diseño normativo para ser independientes, están sujetas a la interferencia política. Hay bastante gasto que se queda sin revisión.
Es una mala práctica entregar subsidios y que no se sepa quién los recibe, por qué ni para qué.
¿Considera que ha habido disciplina presupuestal?
—En general se respeta el techo de endeudamiento que se aprueba en el Congreso, es muy importante decirlo; sin embargo, se aprueba un techo de endeudamiento que no se logra justificar y tenemos que evolucionar a un proceso menos discrecional, en el cual el Ejecutivo rinda más cuentas al Legislativo sobre los programas y proyectos de inversión que se van a financiar con deuda o los proyectos productivos. Ahí tenemos un vacío.
¿En este año electoral detectaron movimientos exagerados en el gasto público?
—Claro que sí lo detectamos y vemos también que algunos programas de subsidios, especialmente los destinados a la agricultura, crecieron de manera muy importante.
¿Qué expectativa tienen con el nuevo gobierno y la propuesta?
—Por supuesto las expectativas para México Evalúa son muy altas, creemos que si han prometido una cuarta República no podemos pensar en una sin que haya cambios profundos al sistema presupuestario.
La próxima administración tiene que estar comprometida y también el próximo Congreso a cerrar los espacios a la discrecionalidad.
Nosotros tenemos una propuesta específica: transformar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en un verdadero consejo fiscal que promueva la discusión en este ámbito, evalúe la política fiscal y plantee un proceso de mejora continua.
¿Ya lo presentaron a alguna autoridad en particular?
—Hemos tenido acercamientos con el próximo subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel.
¿Qué es para ustedes un presupuesto realista y sostenible?
—Uno realista es uno que pueda abatir esta simulación, que se da en el presupuesto que se aprueba.
¿Entregarán crisis en materia de gasto público a la próxima administración federal?
—Hay que reconocer lo que se hizo, se aumentó la recaudación y ello ayudó a ampliar el espacio fiscal. Es muy importante el logro recaudatorio.
La presente administración queda con deuda enorme de cómo gastar mejor los recursos.
