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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alista un desmentido a la Secretaría de la Función Pública, ante la versión de que no hubo proyecto ejecutivo en la obra del Paso Exprés de Cuernavaca.
De acuerdo con documentos de la SCT el proyecto Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, tuvo como testigo social a Enrique Alcántara Gómez (número PF-031), quien desde diciembre de 2014 se encargó de revisar las fases del proyecto y la licitación pública.
Ese documento refuta a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en la auditoría a cuatro contratos del Paso Exprés —derivada del socavón que se abrió en la vía donde fallecieron dos personas—, habría detectado que se licitó la obra sin un proyecto ejecutivo.
Esa situación supuestamente ocasionó un incremento al monto del proyecto por 714 millones 659 mil 158 pesos, sólo por ese concepto.
Sin embargo, según el testigo social, en la primera junta de aclaraciones —antes del fallo final de la licitación— donde participaron 30 empresas que competían por el contrato, realizada el 30 de octubre de 2014, se les hizo entrega a los licitantes del proyecto actualizado de la obra.
“Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes: se hace entrega en forma magnética de la siguiente información: proyecto actualizado”, indica el documento.
En la segunda y última junta de aclaraciones, el día 3 de noviembre de 2014, también se les entregó a los licitantes el proyecto completo, además de la documentación de trabajos por ejecutar, modelo de contrato y otros.
En las revisiones, al arranque de la licitación, el testigo social también dejó asentado que Banobras realizó el análisis a detalle con la finalidad de elaborar el proyecto ejecutivo, en coordinación con la Dirección de Control y Seguimiento de Obras.
El documento elaborado por Enrique Alcántara Gómez detalla que el 5 de septiembre de 2014, dos meses antes de la adjudicación del contrato, se signó un oficio por parte de Carmen Toscano Sánchez, titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por medio del cual se le designó para fungir como testigo social en el procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio.
La licitación fue celebrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Construcción y Modernización de Carreteras Federales para la ampliación del libramiento de Cuernavaca, Paso Exprés, en el estado de Morelos.
El plazo de la obra estaba previsto en 730 días naturales a partir del 29 de noviembre de 2014, y se concluiría, a más tardar, el día 28 de noviembre de 2016, abarcando los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016.
El 24 de noviembre de 2014 se conoció el fallo de la licitación y la adjudicación.
El grupo-convenio de participación conjunta de construcciones ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR S.A. de C.V. fue la que se adjudicó el contrato correspondiente a la licitación pública internacional número LO-009000999-T422-2014, por considerar que su propuesta, con un monto total de mil 45 millones 857 mil 952 pesos (incluyendo IVA), garantizaba satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos.
Según la auditoría de la SFP practicada a cuatro contratos del Paso Exprés Cuernavaca, tras la apertura de un socavón que cobró la vida de dos personas, la SCT firmó contratos base antes de que existiera un proyecto ejecutivo.
No obstante, el documento del testigo social aclara que sí existió un proyecto ejecutivo y fue entregado a las empresas participantes en la licitación.
No ven responsabilidad. Hasta ayer la SFP no ha encontrado ninguna irregularidad que vincule al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, o a algún subsecretario con el caso del socavón y la investigación se centra en las áreas de la SCT-Morelos, en la Dirección General de Carreteras y en la Dirección General de Desarrollo Carretero de la secretaría donde se encontraron las principales anomalías, como negligencia administrativa en las auditorías practicadas.