En una comunicación dirigida a las comisiones dictaminadoras de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) exhorta a los senadores a considerar si es constitucional el cambio en el que se establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación "proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional ".
Desde el pasado domingo 18 de noviembre, el IFT , bajo la presidencia del comisionado Gabriel Contreras Saldívar, dirigió una comunicación a los integrantes de las comisiones senatoriales de Gobernación y Estudios Legislativos , a cargo del dictamen de las reformas a la LOAPF.
Incluso giraron el documento a los senadores de la Comisión de Radio y Televisión , ya que la modificación en materia de medios es materia de dicho órgano legislativo y, sin, embargo, la mesa directiva no le dio turno ni para dictamen ni para opinión.
Afirma el IFT que están plasmado en la Constitución "principios claros para la operación de los medios públicos, entre los que destacan la independencia editorial, la autonomía de gestión y la participación ciudadana, como mecanismos plenamente vinculados con el pleno ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información".
Sistema Público de Radiodifusión es el organismo público descentralizado que de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, Apartado B, Fracción V, tiene el objeto de "proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro", lo mismo que la reforma a discusión pretende para la Secretaría de Gobernación.
Este jueves, el dictamen de reformas a casi 30 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) será presentado en Primera Lectura y se espera que se inmediato avance a la discusión y votación, un proceso en el que el Senado es cámara revisora de lo que ya votó la Cámara de Diputados.
Entre muchas otras de las propuestas de esta minuta, figura la que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad sobre los medios públicos, lo cual ha levantado el rechazo de organizaciones especializadas en la libertad de expresión.
Este miércoles, se conoció la carta que ha circulado entre los senadores de las comisiones de dictamen y de materia de medios, en la cual el pleno unido del IFT pide a los legisladores revisar la consistencia del proyecto con la Constitución.
"Cabe cuestionarse si la asignación de esta función (proveer el servicio de radiodifusión pública), en una dependencia del Ejecutivo federal es compatible con los mandatos de independencia editorial, autonomía de gestión financiera (así como) garantías de participación ciudadana", exponen los comisionados a los legisladores.
Plantean a las tres comisiones senatoriales que la reforma de 2013, en esta materia, en su artículo Transitorio 10 establece que los medios medios públicos, además deberán contar con reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales".
Los comisionados refieren que en este tema "el régimen constitucional abarca no sólo principios y normas que rigen la prestación del servicio público de radiodifusión sino también cuestiones operativas y organizacionales de los órganos encargados de prestarlo cuando se trata de medios públicos".
Plantean que "diversos medios públicos han llevado a cabo procesos de reformas a los instrumentos que les dieron origen, por ejemplo, el Canal del Congreso de la Unión, y en algunos casos las reformas han implicado que la función de radiodifusión esté a cargo de órganos con personalidad jurídica, en función de la autonomía prevista en la Constitución".
Los planteamientos del IFT van formados por por los comisionados, el presidente Gabriel Contreras Saldívar, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Sóstenes Díaz González.
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