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En lo que va de año, cuatro ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido arrestados y varios más, aun de otros partidos, acusados de corrupción en los últimos años.
JAVIER DUARTE
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra encarcelado en la capital acusado de corrupción, es sospechoso de haber desviado millones de dólares durante su mandato.
Duarte, extraditado desde Guatemala, ha negado cualquier irregularidad.
TOMÁS YARRINGTON
A principios de abril fue detenido en Italia el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, buscado por México y Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
ROBERTO BORGE
Roberto Borge, de 37 años, fue detenido el 4 de junio en Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, está en huelga de hambre.
El 18 de septiembre la cancillería panameña anunció que había aprobado su extradición a México, donde enfrenta cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.
Borge gobernó Quintana Roo, entre 2011 y 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
EUGENIO HERNÁNDEZ
El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.
El ex mandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1, 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.
El año pasado, cuatro ex mandatarios vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Mario Anguiano (Colima) —quienes dejaron de ser gobernadores en 2015—, así como Tomás Yarrington (Tamaulipas), cuya gubernatura concluyó en 2005.
Más ex gobernadores en desgracia
Su caída se cocinó a fuego lento.
A principio de 2016 iniciaron las acusaciones en contra de uno, luego de otro y así crecía la lista de presuntos actos de corrupción en los 12 estados donde había campañas electorales.
Los candidatos de oposición hicieron una promesa principal: Encarcelar a los mandatarios para combatir la impunidad y la corrupción.
De las 12 gubernaturasen juego el año pasado, el PRI perdió su hegemonía en seis. Incluso, en cuatro estados clave, por ser bastiones históricos: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de Aguascalientes y Chihuahua —donde ya había gobernado el PAN—.
Cuando los entrantes les quitaron la silla a los salientes comenzó la cascada de denuncias penales, administrativas y públicas que hoy tiene a los ex gobernadores en jaque.
Cuatro son investigados por actos de corrupción: Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Miguel Alonso (Zacatecas).
Además hay cuatro ex mandatarios que este año vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés (Sonora), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Mario Anguiano (Colima) —quienes dejaron de ser gobernadores en 2015—, así como Tomás Yarrington (Tamaulipas), cuya gubernatura concluyó en 2005.
Un caso peculiar es el de Jorge Herrera (Durango), quien dejó el cargo este año y sin un procedimiento legal o penal en su contra, optó por buscar el amparo para evitar ser detenido, mismo que le fue negado por un juez.
Duarte, el hombre del año
Los resultados de las elecciones del 5 de junio, cuando el PRI por primera vez en 87 años perdió la gubernatura en Veracruz, fue el principio del fin de Javier Duarte de Ochoa. Representa el máximo nivel de corrupción de los gobernadores por los escándalos que protagonizó.
Junto con la derrota del PRI, quedó al descubierto la falta de recursos para pagar salarios, prestaciones, pensiones, jubilaciones e, incluso, compromisos de proveedores y los más básicos insumos de sectores como salud, seguridad pública y educación. A la par se descubrió una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios del gobierno estatal.
Ante la avalancha de acusaciones, el 12 de octubre Duarte solicitó permiso para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones de corrupción; dos días después desapareció. La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció 15 millones de pesos de recompensa.
Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades a prestanombres y socios.
El PRI, en tanto, lo expulsó de sus filas. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos.
Padrés, el detenido
Guillermo Padrés, quien dejó de gobernar Sonora en 2015 y su partido le suspendió sus derechos políticos por las acusaciones de corrupción, estuvo prófugo y hasta la Interpol emitió una ficha roja para su localización.
Durante su administración fue cuestionado por el manejo de las finanzas públicas y al final del sexenio, los proveedores reclamaban millonarios adeudos; además, el desplome en infraestructura y la calidad de los servicios de salud y educación, aunado al incremento de impuestos, aumentó el descontento social.
Sus posesiones y las de su familia se vieron incrementadas y sometidas al escrutinio público, ya que sus presuntas adquisiciones revelaban grandes inversiones, entre ellas: la construcción de la presa El Titanic en Bacanuchi; un rancho en San Pedro: El Saucito, en la zona rural de Hermosillo, con un área de reproducción equina donde los caballos incluso contaban con aire acondicionado. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ha cateado e investigado 21 ranchos vinculados a Guillermo Padrés, familiares y ex colaboradores. Al término de su periodo, el ex gobernador fue señalado de provocar un quebranto superior a 30 mil millones de pesos.
La PGR logró su detención en la Ciudad de México, el 10 de noviembre de 2016, al salir de una entrevista radiofónica; el ex mandatario está acusado de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 8.8 millones de dólares.
Yarrington, el profeta
Quien parece haber profetizado su destino es Tomás Yarrington. El 29 de noviembre de 2004, pronunció una frase que 12 años después se volvió en su contra: “La política es una vitrina donde todo se ve, se sabe, se juzga y se cuestiona”.
Era la sesión solemne del Congreso local, en Ciudad Victoria, en la cual Yarrington entregó su sexto informe de gobierno.
El PRI, que lo cobijó por décadas, lo expulsó.Yarrington fie detenido el 9 de abril de 2017.
El gobernador comenzó a ser investigado por la PGR desde 2004 por presuntos nexos de narcotráfico y lavado de dinero, antes de concluir su gestión; también es reclamado en Estados Unidos.
Otro gobernador que enfrenta denuncias penales es el panista Rodrigo Medina , acusado por su sucesor en el gobierno de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderon por ejercicio indebido de funciones y peculado.
El Bronco, quien se convirtió en gobernador en 2015, anunció una serie de acciones contra Medina de la Cruz —investigado en Estados Unidos—, pero hasta el momento sólo está vinculado a proceso por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos. Borge, el vendedor
Roberto Borge
Otro ex gobernador que enfrenta denuncias es el priísta Roberto Borge (Quintana Roo), a quien el PRI le suspendió sus derechos políticos.
Borge, quien era gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el PRI, fue detenido a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París, Francia.
Según la PGR, el ex gobernador está implicado en la venta de terrenos del Estado a través de prestanombres a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
En junio pasado, el PRI resolvió por unanimidad expulsar a Borge del partido.
El ex priísta y ahora panista Carlos Joaquín González , actual mandatario, prevé que en total sumarán 20 querellas en su contra. Entre otras, destaca la venta de terrenos propiedad del estado a la madre del ex gobernador a un costo de 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial es de 200 dólares, en Cozumel.
César Duarte, el prestamista
También el ex gobernador de Chihuahua César Duarte terminó su encargo envuelto en una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, que van desde denuncias penales por enriquecimiento ilícito, hasta facilitar aviones oficiales al fallecido cantante Juan Gabriel para que realizara una gira artística.
De acuerdo con el actual gobernador, el panista Javier Corral Jurado, son 60 expedientes que se integran para presentarlos ante autoridades ministeriales y administrativas a fin de que se la finquen cargos a Duarte.
El caso más sonado hasta el momento, y por el que ya existe una denuncia formal ante la PGR, es por su aportación financiera de 65 millones de pesos a la financiera Unión Progreso, de la cual se convirtió en accionista. De acuerdo con los señalamientos, Duarte depositó más de 80 mil millones de pesos del erario público en dicha institución, a fin de que se capitalizara y pudiera lograr su registro como banco.
Con el Congreso en contra
El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dice que no terminará como Javier Duarte o Roberto Borge, pues asegura que el déficit financiero de mil 800 millones de pesos que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 es una herencia de administraciones anteriores.
En junio de 2016, el Congreso de Colima denunció penalmente a Anguiano Moreno y a cinco de sus ex colaboradores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la contratación de un crédito por 638 millones de pesos; los acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales.
El Osafig ha solicitado a los legisladores imponer a Anguiano Moreno una sanción de 14 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y una multa de 707 millones 66 mil pesos, equivalentes al daño al erario del que se le responsabiliza directamente.
Miguel Alonso Reyes, Protegido a medias
En sus últimos días como gobernador de Zacatecas, el priísta Miguel Alonso Reyes quería salir por la puerta grande, ser recordado y llamar la atención a nivel nacional para catapultarse en cargos públicos en el gobierno federal; dijo públicamente que había entregado buenas cuentas a su partido por mantener la gubernatura para el PRI.
El ex mandatario llamaba la atención con eventos e inauguraciones de obras públicas, algunas sin concluir; quería que las placas se colocaran con su nombre antes del 12 de septiembre de 2016.
En cada suceso la Banda Sinfónica tocaba Las Golondrinas. Un dato que llamaba la atención era que Alejandro Tello se desmarcó de Alonso durante su campaña, sin embargo, acudía a sus eventos públicos.
En septiembre de ese año, días después de que concluyó el encargo, EL UNIVERSAL reveló una serie de irregularidades por el pago de “moches” a familiares, según constaba en operaciones que aparecen en correos electrónicos, cuyos contenidos están en posesión de este diario. Presumiblemente se realizaban contratos millonarios a empresas a través de licitaciones irregulares, por al menos mil 500 millones de pesos, en las que se involucraba directamente a su hermano Juan Alonso, quien presuntamente encabezó una red de tráfico de influencias y adjudicaciones discrecionales en equipos médicos, obra pública y programas de alimentación.
En mayo de 2016, un grupo de legisladores de oposición ya había presentado una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, pero ésta se congeló por presentarse durante plena campaña electoral. El 3 octubre la administración de Alejandro Tello reveló que la administración alonsista había heredado una deuda pública superior a los siete mil 700 millones de pesos, además de las observaciones de diferentes órganos fiscalizadores, que encontraron anomalías por cinco mil 994 millones de pesos.
Desde septiembre del año pasado, Alonso Reyes no se dejó ver en Zacatecas ni en sus redes sociales, hasta finales de noviembre, cuando fue nombrado director general de Fonatur.
El 6 de diciembre se interpuso otra denuncia penal contra el ex gobernador en la PGR por los probables delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 19 de diciembre se sumó una tercera denuncia, también ante PGR. Soledad Luévano, ex candidata de Morena al ayuntamiento de Zacatecas, presentó la querella por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Asegura que hubo un desvío superior a los mil millones de pesos del erario para promoción personal, a través de dos contratos a dos empresas, por 13 millones 800 mil pesos, para la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales y para el envío de mensajes de texto.
Explicación no pedida.
El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, no tiene, por lo pronto, ninguna aureola legal que lo proteja, luego que un juzgado federal le negó el amparo que promovió contra una orden de aprehensión. El argumento del juez fue sencillo: negó el amparo porque no existe ninguna orden de captura y no puede amparar cuando todavía no se presenta una presunta violación. Lo mismo para los más de 20 ex funcionarios que buscaron ampararse ante una posible aprehensión.
Antes de terminar su gestión declaró que su administración cerraría con una deuda de 5 mil millones de pesos, un “pasivo controlado”. Sin embargo, la administración entrante informó que la deuda superaba los 15 mil millones de pesos. El recurso de protección federal se dio también días después de que el actual gobierno de Durango detuvo a la ex subsecretaria de Egresos, Leonor Gutiérrez Flores, por presuntamente ocultar información y ejercicio indebido de la función.
Además, la administración entrante se encontró con que la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes por más de cuatro mil millones de pesos, observaciones que no solventó el gobierno de Jorge Herrera en 8 meses de este año.
A estos ex gobernadores, señalados por desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con el narcotráfico, podrían sumarse tres más: Gabino Cué (Oaxaca), Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes) y Egidio Torre (Tamaulipas), pues los gobiernos entrantes, de oposición, ya iniciaron la revisión de sus cuentas públicas.
